Hace poco menos de 15 días, al llegar a su cargo como presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro encontró en su despacho 18 denuncias contra altos funcionarios del Estado, una de las cuales vinculaba a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, y a un magistrado de ese tribunal.

Ferro asegura que aunque la apertura de investigación contra los magistrados de la JEP fue la que trascendió en los medios de comunicación, él consideró que había que darle celeridad no solo a ese caso sino a todos lo que encontró en su despacho. A cada uno de los 16 representantes que hacen parte de la Comisión se les asignó un proceso que atender.

“Yo le he dado celeridad a todo el trabajo que he recibido a la Comisión. Yo recién acabo de llegar. Lo primero que hice fue proceder a un reparto de todos los temas que estaban pendientes”, le dijo.

Sobre la investigación no entregó mayor detalle. Explicó que en el marco de la investigación se pueden registrar dos acciones, abrir investigación previa o investigación formal, y en este caso, según dijo, lo más viable era la primera opción.

“Fue un estudio que hicimos en la oficina antes de dar cualquier pronunciamiento y saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Lo que haremos será una práctica de pruebas. En ese orden de ideas lo que decretamos en esa investigación es oír en versión libre a los magistrados que mencionaron en esa denuncia”, explica.

Sin embargo, con todo el contexto que ha rodeado en los últimos meses a la JEP y la poca eficacia que ha demostrado durante toda su existencia la Comisión de Acusación, la apertura de esta investigación ha generado muchas suspicacias.

Al tiempo que en el Congreso se discuten las seis objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la Ley que define el procedimiento de la JEP, se han venido dando varias controversias contra ese tribunal, en las que han estado inmersos los militantes del Centro Democrático (partido que tiene mayoría en la Comisión de Acusación).

Recientemente, el presidente del Senado, Ernesto Macías, le solicitó al jefe del Ministerio Público que investigara a Linares por no haberle contestado un derecho de petición en el que le solicitaba al tribunal información “acerca de su estructura administrativa y financiera, contrataciones adjudicadas y resoluciones expedidas”.

La magistrada Linares afirmó en respuesta a esta acusación que por la autonomía e independencia de dicha jurisdicción, no podía responder a esa petición de Macías.

La misma Linares envió recientemente una carta al senador y expresidente Álvaro Uribe, principal líder del Centro Democrático, en la que le recordó que contribuir a la búsqueda de la paz es “un deber que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio”.

Uribe le respondió a la magistrada que la JEP debería respetar las opiniones contrarias.

Con esos antecedentes, el senador Roy Barreras, miembro del partido de La U y fuerte defensor del acuerdo de paz con las Farc, cree que los magistrados de la JEP no tienen garantizada imparcialidad en un organismo compuesto en su mayoría por miembros de un partido que se ha opuesto a la existencia de ese tribunal.

“He recusado a los miembros del Centro Democrático que ofician de jueces en esta actuación por su evidente parcialidad. Porque por supuesto no tienen garantía alguna los magistrados de la JEP. Están en manos de quienes públicamente los han acusado y porque lo que hay en evidencia un ánimo persecutorio e intimidatorio tratando de torcerle el brazo a quienes defendemos la paz”, expresó Barrera.

El senador añadió que la investigación que se surte hace parte de una persecución en contra de la jurisdicción y su institucionalidad. “Ese ánimo persecutorio es evidente en la actuación del Presidente de esta actuación. Ricardo Ferro, por primera vez en la historia de la Comisión de Acusaciones, en una misma semana recibió una demanda apócrifa y en la misma semana citó a versión libre nada menos que a la presidenta de la JEP”, argumentó.

Ferro aseguró que no se referirá al contenido de la denuncia contra los magistrados de la JEP hasta que no exista un estudio en sala del mismo. Lo que sí aclaró es que una vez se surtió la determinación “he sentido que ha habido una serie de confusión con el tema y mal haría en no tomar alguna acción. Podría incurrir en un prevaricato por omisión. Yo lo que hice fue actuar en derecho y eso seguiré haciendo”.

Por otro lado, sin darle matices políticos, el procurador General, Fernando Carrillo, le dijo a la Comisión que el órgano de investigación no puede convertirse en un mecanismo que fomente venganzas.

“La Comisión de Acusación no se puede convertir en instrumento de venganzas políticas. Es importante que la investigación a la presidente de la JEP se haga con el profesionalismo que se requiere. Como Ministerio Público vamos a intervenir en el proceso”, dijo.  

“Estoy seguro de que sus miembros saben la trascendencia que tiene una decisión de esta naturaleza”, añadió el jefe del ente de control disciplinario quien aseguró que seguirá y vigilará de cerca el proceso.

Ante el anuncio del procurador, Ferro respondió: “invito al Ministerio Público, al procurador General que no se extralimite en sus funciones que como Ministerio Público es precisamente velar porque se garantice el debido proceso”.