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ONU pide brindar seguridad a los excombatientes

Lunes, 19 de Julio de 2021
El funcionario hizo un llamado a mayor presencia estatal en zonas donde grupos al margen de la ley han llegado a disputar territorio.

Luego de una tensa reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de verificación, dijo que el reto más importante de la implementación es la seguridad de los excombatientes de las extintas Farc.

Por otro lado, se refirió al diálogo que se rompió entre el Gobierno y el Comité de Paro, respecto del cual sostuvo que lo que obligó a que se rompiera la mesa fue la falta de confianza.

 

¿Qué debe hacer el Gobierno para garantizar la seguridad de los excombatientes debido al alto número de muertes que se han presentado?

Primero hay que reconocer que el Gobierno constantemente busca medidas nuevas con el fin de reducir la inseguridad y prevenir este tipo de actos criminales, desafortunadamente al ver los datos se ha mantenido el número de excombatientes y líderes sociales asesinados en las comunidades.

A juicio nuestro, lo que se puede hacer son tres cosas, una de carácter estructural, una de mediano y una de largo plazo. De carácter estructural es incrementar la presencia integral del Estado en los territorios afectados por el conflicto, que llegue acompañada de servicios sociales, instituciones civiles que poco a poco fortalezcan la presencia estatal y esa es la mejor medida para proveer seguridad en esos territorios.

En el mediano plazo, el propio acuerdo prevé un órgano cuyo principal mandato es el adelantar una política pública para el desmantelamiento de grupos criminales y redes de apoyo, es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la que debe reunirse con frecuencia, avanzar e implementar la política pública. De acuerdo con los datos de la Fiscalía, el 60% de los asesinatos de los excombatientes han sido perpetrados por estos grupos criminales.

Y en el corto plazo, seguir implementando medidas específicas que no son sostenibles a lo largo del tiempo, pero son importantes y ahí son diferentes instituciones las que actúan. La Defensoría que continúe y fortalezca su sistema de alertas tempranas, que haya una respuesta del Estado acorde a esas alertas tempranas que se reaccione cuando hay amenazas y que siga dotando de recursos a la Unidad Nacional de Protección que es quien provee esquemas individuales a personas y grupos de personas y lugares donde hay amenazas.

 

A su juicio, ¿qué ha impedido que el Estado llegue a esas regiones apartadas? Se suponía que en principio lo que había impedido la llegada del Estado era la presencia de la extinta guerrilla de las Farc.

La expectativa era esa y la sigue siendo con la desmovilización de las antiguas Farc. En muchos de los casos no se ha aumentado esa presencia estatal. Puede ser un tema de razones múltiples, de recursos, de cambios en políticas que no avanzan como se debe haber avanzado.

Sabemos que es un esfuerzo que no es corto y, por infortunio, no hemos visto avanzar demasiado esa presencia. La hemos visto avanzar en algunos casos con mayor presencia de la Fuerza Pública y en otros con la implementación de los programas del acuerdo, pero no de forma sostenida, comprensiva e integral.

Lo digo porque en esas zonas hay PDET, PNIS, pero esa presencia integral de distintos actores llegando al territorio no se ha hecho como se esperaba que se hiciera independientemente de las razones que tengan los gobiernos a quienes les ha tocado implementar estas medidas.

 

En la última sesión del Consejo de Seguridad la vicepresidente y canciller de Colombia indicó que se calculó mal el costo de la implementación del proceso de paz ¿Qué opinión le merece a usted esta declaración?

Más allá de los cálculos es que este es un acuerdo de paz que dada la naturaleza y la naturalidad, pues no solo buscó desmovilizar a un grupo armado y reincorporarlo a la vida civil, sino que intenta atacar los problemas de raíz. En ese sentido, el acuerdo tiene capítulos profundos como la ampliación de la vida democrática, de la vida política, la Justicia Transicional, si bien es cierto, es ambicioso, pero requiere esfuerzos mayores para su implementación, de todos los actores y el Estado.

Este acuerdo está planteado a 15 años y vamos a cumplir el quinto. Se ha avanzado en algunas cosas y lo hemos reconocido, hay otras cosas que no se han implementado y lo hemos señalado. Pero, esperamos que Colombia y los distintos gobiernos sigan poniendo su esfuerzo y sus recursos en este fin. La comunidad internacional también ha aportado muchos recursos que creo que es valioso rescatar. Este esfuerzo es de Colombia principalmente, pero está respaldado por la comunidad internacional que le apuesta al proceso de este país.

 

Usted dijo que se ha avanzado en la implementación, pero que es necesario acelerarla, ¿en qué aspectos se debe acelerar y en cuáles no se ha avanzado lo suficiente?

Lo más urgente es la seguridad de quienes han firmado el acuerdo de Paz y hay otros aspectos muy importantes en la reincorporación como avanzar en el tema de tierras y no solo avanzar en la adquisición y adjudicación de tierras en los ETCR sino fuera de ellos. De los casi 13 mil excombatientes acreditados alrededor de 3 mil están en esos lugares y más de 9 mil están fuera.

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Colprensa
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