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Miércoles, 18 Septiembre 2019 - 2:40am

Ordenan investigar a senador, representante, diputada y concejales

La Corte Suprema de Justicia ordenó la medida por la relación con el ilícito que tiene tras las rejas a Aida Merlano.

Colprensa
Aida Merlano.
/ Foto: Colprensa

Además de la condena de 15 años por delitos electorales contra la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al senador Arturo Char, al representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña, y a la diputada Margarita Ballén, por la relación con el ilícito que tiene tras las rejas a Merlano. El fallo también cobijó a los concejales Aissar Castro, Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinás. Además de los empresarios Julio Gerlein, Edwin Martínez Salas, José Manzaneda, Yahaira Calle, Adriana Blanco, Eveling Carolina Díaz Díaz, Carlos Rojano Llinás, Lilibeth Llinás y Ana Nieble.

Los nombres en la empresa criminal que, según la Fiscalía, montó Merlano y que lo ratificó la Corte con su condena, no son desconocidos pues en las audiencias de imputación de cargos a los vinculados con esta red, ya habían salido a la luz, incluso muchos de ellos ya están ante los estrados judiciales.

La Corte, en primera instancia, dejó claro que finalmente Merlano Rebolledo y los mencionados en el fallo hacían parte de una estructura que compraba votos para llegar a obtener la curúl en el Congreso de la República.

“La organización contaba con una estructura administrativa -como parte de la campaña- con personal destinado al manejo de nómina y listados de los coordinadores, sus líderes, sufragantes, didactas y punteadores, así como el control del dinero entregado a los líderes para compra de votos y demás gastos que ellos generaba, como el pago de transporte, refrigerios, comida, papelería etc”, dice el documento. Todo esto era manejado, según las autoridades, desde la denominada ‘Casa Blanca’, sede política de Merlano Rebolledo, hasta donde llegaron miembros del CTI de la Fiscalía para allanar el lugar y hallar dinero, cédulas, memorias USB y mecanismos electorales para sabotear los comicios obteniendo votos de manera fraudulenta.

Según el fallo de la Corte, dicha sede política contaba con seguridad privada de Merlano Rebolledo. Sus tres escoltas tenían armas de fuego sin permiso oficial de su tenencia o posesión, por lo que las autoridades no descartaron en escatimar que esto es una “organización delictiva a fin de asegurar los bienes y dineros de los cuales se ejecutaban las  operaciones masivas de compra de votos”.

Por todos los actos delictivos que acusan a Merlano Rebolledo que hoy la tienen con una condena de 15 años de prisión, la mujer ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión.

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