Durante una intervención realizada por el presidente Gustavo Petro en Barranquilla, anuncio que se encuentra en la búsqueda de formas para cambiar el cálculo de las tarifas de energía eléctrica.
“Expedir un decreto para intervenir las tarifas públicas que se están cobrando excesivamente en el Caribe colombiano. Hemos mirado las vías que tenemos, hay varias. En este momento vamos a cambiar unas fórmulas de las tarifas de servicios públicos en la Creg específica para energía eléctrica, a través de resoluciones”, sostuvo el jefe de Estado.
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El mandatario criticó a las empresas que generan energía eléctrica, pues aseguró que “cobran como si estuvieran vendiendo la energía usando gas importado a precios de Ucrania en la bolsa que se llama XN en Colombia”.
Igualmente, Petro aseguró que las acciones del gobierno de Iván Duque, en donde, al parecer, realizaron maniobras ilegales en Elecricaribe, terminaron con graves consecuencias en la energía eléctrica actual en el caribe Colombiano.
"El Gobierno pasado decidió entregar la empresa Electricaribe, después de una fuerte inversión pública que se suponía iba a mejorar su eficiencia, a dos empresas dividiendo el Caribe en dos áreas, Afinia y Aires. Esas dos empresas decidieron hacer algo que la ley prohíbe, tanto Gobierno como empresas, a través de la contratación decidieron hacer algo que la ley prohíbe, trasladar las pérdidas que se ocasionan por ineficiencia de la empresa a los usuarios y usuarias”, expresó.
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Sin embargo, cabe recordar que el presidente sigue insistiendo en la búsqueda de facultades especiales para el control de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), algo que en febrero pasado el Consejo de Estado ya le impidió con la suspensión de aquel proyecto de decreto 227. Precisamente, en esta nueva intervención, Petro lanzo pullas a quienes no le permitieron tener ese control.
“La oficina de Néstor Humberto Martínez, a través de su hijo, puso la demanda y, de facto, un magistrado tumbó el decreto. El magistrado ya no trabaja en el Consejo de Estado, pero sí generó un daño, en mi opinión, al ordenamiento constitucional que le permite al Presidente dirigir la política de servicios públicos en Colombia”, añadió.
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