El alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, aseguró que los compromisos pactados con los cultivadores de coca que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) se mantendrán, con el fin de garantizar una hoja de ruta que permita resolver las deficiencias del proceso.
Según el funcionario, quien presentó detalles sobre la estrategia de estabilización del PNIS, en Tumaco (Nariño), es momento de encontrarle una solución al programa que surgió del acuerdo de paz, tras el incremento del 17% en las siembras de coca, que pasaron de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 en 2017.
“El PNIS no hizo un análisis exacto de la información de las familias (cultivadores, no cultivadores y recolectores) que viven en las zonas con cultivos de coca”, dijo. “Como consecuencia de lo anterior, no hubo una adecuada planeación financiera y se generaron expectativas ambiciosas que no se podrán cumplir a corto plazo”.
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Archila señaló que una de las dificultades del programa fue la falta de explicación de los acuerdos colectivos suscritos con la Fuerza Pública.
En cuanto a la situación de Tumaco, sostuvo que hay 16.535 acuerdos individuales firmados, y a la fecha hay 8.160 familias vinculadas con requisitos cumplidos (49 por ciento), 2.226 familias suspendidas por incumplimiento de requisitos (14 por ciento) y 6.149 familias que firmaron acuerdo individual y están en verificación de requisitos (37 por ciento).
También hay 6.740 familias con al menos un pago recibido, cuya inversión fue de $13.480 millones y las que han recibido el segundo pago son 7.245, incluidos cultivadores y no cultivadores.
En relación con las acciones a desarrollar para generar cambios en el desarrollo del programa integral, el alto consejero anticipó que se dará respuesta a los descargos presentados por las familias que actualmente se encuentran con pago suspendido, y que se hará una revisión con la Alcaldía de Tumaco sobre los posibles casos de multiafiliación a otros sistemas.
“Creemos que todas las plantas ilegales deben ser erradicadas. Entendemos que existe la opción de sustituir voluntariamente y, en cuanto ello se haga en estricto apego a la ley, cumpliremos lo acordado con las familias de colombianos”, declaró.
Así mismo, enfatizó en que el PNIS dejará de operar “como un programa aislado y cesará en hacer promesas que no está en capacidad de cumplir”, para garantizar desarrollo alternativo.
