El Ministerio de Relaciones Exteriores echó para atrás la adjudicación del contrato para la fabricación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, que el entonces secretario general, José Antonio Salazar, firmó en febrero pasado.

Esa decisión fue cuestionada y calificada por el propio Gobierno como una traición a lo que había hecho meses antes, Álvaro Leyva, de declarar desierta la licitación debido a presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria.

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Los hechos se remontan al pasado 26 de febrero. Para ese momento, el secretario Salazar firmó tres resoluciones en las que le entregó el contrato de pasaportes a Thomas Greg, actual operador. Su decisión desencadenó que el presidente Gustavo Petro lo declara insubsistente y ordenara investigarlo.

"El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, escribió Petro.

Con lo anterior y casi un mes después, el Ministerio tumbó las resoluciones del exsecretario Salazar por presuntas irregularidades.

"Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior Secretario General de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal. Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa".

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Agregó que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes y aclaró que el servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado. "La empresa que atiende el servicio actualmente reiteró, por escrito, que cumplirá el contrato 356, hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempos.

Es de recordar que la decisión de Álvaro Leyva, de declarar desierta la licitación debido a presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria, lo tiene suspendido de su cargo por parte de la Procuraduría.

En concreto, el Ministerio Público lo investiga por declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal y por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.

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