Pasadas las 10:00 de la mañana de este viernes comenzó la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por presuntos hechos de corrupción en el caso conocido como Vitalogic.

El exmandatario llegó al Palacio de Justicia, en compañía de su hijo, Luis Carlos Hernández, para cumplir con el proceso que se lleva en su contra por las presuntas irregularidades contractuales en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab).

A Hernández se le endilgó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por las presuntas inconsistencias contractuales detectadas en la ejecución del contrato de consultoría 096 de 2016, entre la Emab y el contratista Jorge Hernán Alarcón. Dicho cargo no fue aceptado por el exmandatario.

Aunque el ente acusador buscaba imputar cargos a Luis Carlos Hernández, quien firmó un contrato de corretaje con Luis Andelfo Trujillo y Alarcón Ayala (quien había sido asesor de la Emab) para promover a la empresa Vitalogic, en la audiencia de este viernes se conoció que el ente acusador retiró la solicitud de imputación contra Hernández hijo.

Vanguardia conoció que aunque este viernes no imputarán cargos al hijo del exmandatario, él seguirá vinculado al proceso.

El caso Vitalogic

La Fiscalía General citó al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández a audiencia de imputación de cargos por las presuntas irregularidades contractuales en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab).

Con esta citación judicial, el ente acusador señala directamente al exmandatario local dentro del escándalo de corrupción conocido como ‘Vitalogic’.

La Fiscalía le pretende endilgar al exmandatario el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por las presuntas inconsistencias contractuales detectadas en la ejecución del contrato de consultoría 096 de 2016, entre la Emab y el contratista Jorge Hernán Alarcón.

Para el ente, la firma del contrato de consultoría entre la Emab y Jorge Alarcón fue determinante para ir direccionando que Vitalogic lograra quedarse con el manejo de las basuras de la ciudad con el uso de nuevas tecnologías, toda vez que fue el propio Alarcón Ayala quien viabilizó la propuesta de Vitalogic RSU, a pesar de que la firma no había presentado en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la Ley y como estaba estipulado en la licitación.

De haberse acogido la recomendación de Jorge Alarcón, el municipio habría contratado con Vitalogic la tecnología alternativa para la disposición de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluada en cerca de 250 millones de dólares.

Ya van cinco imputados

Por el escándalo conocido como Vitalogic, la Fiscalía le ha imputado cargos a cinco personas más por las irregularidades en el contrato de consultoría entre la Emab y Jorge Hernán Alarcón.

En audiencias anteriores, el ente de control ya le endilgó cargos al exgerente de la Emab para la época de los hechos, José Manuel Barrera; el jefe de disposición final de la Emab, Rubén Enrique Amaya y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

El ente acusador les imputó los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los tres implicados aceptó cargos.

Así mismo, en la más reciente audiencia judicial la Fiscalía General les imputó cargos al exdirector Jurídico de la Emab, César Fontecha, y al exsubgerente Técnico y Operativo de la entidad, Abelardo Durán Leiva, implicados en el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a César Fontecha los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El abogado no se allanó a los cargos.

Del mismo modo, la Fiscalía le imputó cargos al subgerente Técnico y Operativo de la Emab, Abelardo Durán, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por haber tramitado el contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016, sin observancia de los requisitos legales exigidos como miembro del comité evaluador. El exfuncionario no aceptó los cargos.