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Colombia
Saab se juega última carta para frenar juicio por lavado
El señalado testaferro de Maduro insiste en ser reconocido como agente diplomático. Juez define este viernes su futuro judicial.
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Colprensa
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Martes, 4 de Enero de 2022

La novela judicial del barranquillero Álex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, podría tomar un giro importante este viernes 7 de enero.

Ese día, el juez estadounidense Robert Scola tendrá que resolver si admite la inmunidad diplomática que reclama Saab, capturado en Cabo Verde en junio de 2020, cuando volvía de una supuesta visita diplomática a Irán en representación de Venezuela.


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Tal es la importancia de Maduro en proteger a su enviado especial, que condicionó los diálogos en México con la oposición de su país, dando a entender que no se volverá a sentar a la mesa hasta que no se ‘libere’ a su diplomático.

De Saab se conoce que el juicio en su contra iba a ser este lunes, pero se pospuso debido a la apelación de su defensa, la cual busca que la inmunidad le sirva de escudo a su cliente para evitar ser juzgado por lavado de activos en una corte de Miami.

Por tal motivo, el fallo de segunda instancia que se daría en tres días es una antesala clave en el futuro del empresario, a quien aún no se le ha iniciado el juicio formalmente a la espera de la solicitud que en una primera ocasión ya le fue negada.

No obstante, mientras sedirime la inmunidad respaldada por el gobierno de Venezuela, el expediente que reposa en el despacho del juez Scola –por el posible blanqueo de 350 millones de dólares para beneficiar al régimen de Maduro– sigue en pie; así como la decisión de si finalmente se incluyen al proceso unos documentos que Ecuador remitió a la justicia norteamericana.

En ellos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del vecino país evidenciarían pruebas que salpican al barranquillero detenido con el expresidente Rafael Correa, en un presunto entramado corrupto que detalló hace dos semanas en entrevista.

 

La cuerda floja

En las últimas horas, Saab recibió el respaldo de Maduro, quien calificó como un “secuestro” la situación que vive su enviado diplomático y supuesto socio estrella a la hora de delinquir.

Y aunque si bien el empresario no declaró en contra del mandatario en las audiencias adelantadas en 2021, las investigaciones a su círculo más cercano podrían llevar a que encienda el ventilador para intentar salvar especialmente a su hijo Shadi Nain Saab.

Este joven de 25 años es investigado en Estados Unidos por una cuenta irregular que tuvo a su nombre en Suiza, y por ser el director de una cuestionada firma con la que su padre se habría enriquecido de forma sospechosa.

Además, el otro punto débil para Saab es el prófugo Álvaro Pulido, socio que a diferencia del barranquillero –que tiene uno–, aún cuenta con ocho cargos encima por el presunto blanqueo de los 350 millones de dólares. A Pulido le siguen los nombres del exministro y exgobernador venezolano José Gregorio Vielma-Mora; y de Ana Jeanette Guillermo Luis, quien trabajó para Pulido y aparece en el escrito de acusación que presentaron las autoridades norteamericanas.

Por ahora, una vez se conozca la respuesta a la inmunidad que reclama Saab, se va a saber cuál es la ruta que emprenderá su defensa en su deseo de evitar a toda costa ser juzgado por Estados Unidos.

 

El caso en Colombia

Paralelo al proceso del barranquillero en la corte de Miami, la Fiscalía colombiana analiza los documentos que la Comisión de Fiscalización le envió desde Ecuador. Ese informe será fundamental porque podría sumarse al expediente que el ente acusador ya le tiene abierto a Saab desde el año pasado.

En ese caso se le señala de haber usado toda una maquinaria para lavar activos y enriquecerse de forma ilícita a través de Shatex, empresa del sector textil con la que habría fingido exportaciones para alterar los registros financieros y eludir a las autoridades.

Mientras en Colombia se resuelve esa situación, en Estados Unidos la pena a la que está expuesto por el supuesto lavado de activos le daría hasta 20 años de prisión.

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