A poco más de un año de que se publicara el auto con el que se empezó el proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango, la Contraloría imputó a 28 personas naturales y jurídicas y archivó la investigación de otros seis.
Los imputados como presuntos responsables: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.
Además, los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.
También fueron imputados los integrantes del Consorcio CCC Ituango (Construccoes e comercio Camargo Correa, Constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H.S.A), los integrantes del Consorcio Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores), y a los integrantes del Consorcio Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y del Consorcio Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).
Personas a las que se le archiva
En cambio, se le archiva la investigación al exgerente de EPM Jorge Londoño De La Cuesta, quien no obró con culpa grave; y a Jesús Alfonso Jaramillo, Secretario privado del Departamento de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo quien tampoco actuó sin culpa grave.
También se le archivó a Sebastián Álvarez, gerente de proyectos del Departamento de Antioquia; Wilson Chinchilla, funcionario de EMP; Hugo Mora, miembro de junta directiva que casi siempre fue suplente; y a la empresa Gestión y Auditoría Especializada.
En qué iba el proceso
Cabe recordar que la entidad abrió por esta emergencia un proceso de responsabilidad fiscal por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, y estimó que el daño fiscal sería de $4 billones. Desagregados, $2,9 billones son por concepto de destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados; mientras que los restantes $1,1 billones por lucro cesante.
“No hemos dado margen alguno a la improvisación e, incluso, nos hemos apoyado en expertos de la Universidad Nacional. Actuamos de manera desprevenida y sin sesgos”, dijo Córdoba en entrevista con La República sobre la investigación, y agregó que “si los incidentes generados por nuevas demandas tienen consecuencias fiscales, la Contraloría estará presente y presta a actuar sin dilaciones”.
Qué significa la imputación
Vale la pena anotar que la imputación no equivale a decir que los presuntos responsables son culpables. Esto, porque la responsabilidad fiscal está integrada por una conducta a título de dolo o culpa (grave) del gestor fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal. En esta etapa del proceso deberán probarse los tres elementos, luego de lo cual la entidad procederá a expedir un fallo condenatorio o absolutorio.
“Estas personas entran a una etapa más robusta de investigación, probatoria, que permite seguir investigando más a fondo, pero en garantía del debido proceso de los imputados, hasta determinar las responsabilidades a que haya lugar”, explicó Hembert Suárez Lozano, abogado de energía y gas de OGE Legal Services.
Las reacciones
Después de conocerse la noticia de que la Contraloría imputó cargos a 28 personas naturales y jurídicas, el actual alcalde de Medellín Daniel Quintero dijo a través de sus redes sociales que citó a una junta extraordinaria de EPM para poder evaluar lo acontecido.
“Hidroituango: He citado a junta extraordinaria de EPM para mañana viernes 4 de diciembre a fin de evaluar las últimas noticias y establecer acciones que permitan el avance del proyecto”, señaló el mandatario de Medellín.
*Con información de La República
