Los Planes de Ordenamiento Territorial son la más eficiente y potente herramienta de planeación con que cuentan los municipios desde la expedición de la Ley 388 de 1997. 

Con esta se dan la pautas con las cuales los entes territoriales pueden planear su desarrollo en coherencia con el territorio, con una visión de largo plazo pues contemplan una vigencia de 12 años que sobrepasa los planes de desarrollo municipal cuya vigencia es de 4 años y que hasta ahora han condenado a nuestra ciudad a una serie de medidas cortoplacistas sin entender que la estructura que da soporte a todas las relaciones humanas es el territorio y por tanto se debe ordenar desde la prevalencia del interés general por encima del particular.

Es un lugar común decir que Cúcuta ya no es solo una ciudad sino un área metropolitana conurbada e informal, que es (¿o era?) una de las fronteras mas activas y dinámicas, que presenta unos altos índices de invasiones ilegales que afectan el mercado legal del suelo y de la construcción de vivienda y así mismo con un índice de espacio público por habitante muy por debajo del mínimo para poder hablar de calidad de vida urbana. 

A pesar de tener un Plan de Ordenamiento desde el 2001, modificado y aprobado excepcionalmente 10 años después (Acuerdo 089 de 2011), estos problemas persisten y ningún alcalde contando sus secretarías de planeación y vivienda han hecho verdaderamente apuestas significativas para solucionar estos problemas y aquellos relacionados con el modelo de ocupación del territorio que presiona negativamente la estructura ecológica y natural. 

No se han abordado los desafíos y potencialidades de la conurbación entre Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, dando lugar a conjuntos residenciales aislados y guetificados donde la apuesta por la movilidad y la prestación de servicios públicos de forma complementaria siguen siendo temas que no se han incluido de manera coherente en las políticas públicas. 

Nuestro territorio se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, de arcillas expansivas que ha soportado tanto las urbanizaciones piratas como la irresponsabilidad del cambio en los índices de construcción y ocupación y declaración de zonas de expansión sin contar con un estudio de microzonificación sísmica que permita verdaderamente saber como y que tanto se debe construir para evitar futuras catástrofes.

La tarea compleja de formular un nuevo ordenamiento para Cúcuta y su territorio, empezó con el pie izquierdo. Es un compromiso a 12 años con la ciudadanía que reclama con mas vehemencia su derecho a la ciudad. Al no contar con un expediente municipal o documento de seguimiento que permita conocer que tanto se ha avanzado y que efectividad ha tenido lo planteado en el POT vigente, respecto a la vivienda, la movilidad, el espacio publico, usos del suelo y si la ciudad debe continuar expandiéndose o densificarse, la toma de decisiones se hace cada vez mas compleja por lo cual se constituye como un deber acudir a los gremios y a la ciudadanía en general en la búsqueda de información que permita acercarse a los objetivos de constituir una ciudad deseada por todos.

Cabe preguntarse si en nuestro medio es posible encontrar ese principio ordenador que aspire a la universalidad y la libertad, o que por lo menos pueda ser compartido por todos los habitantes y si acaso la actual crisis de valores y corrupción rampante han erosionado y debilitado la base sobre la cual deben darse los debates y toma de decisiones. Particularmente creemos que ese principio ordenador existe y debe ser rescatado por toda la ciudadanía, superando intereses particulares.

Cada día reclamamos mayor planeación y decisiones acertadas a las autoridades y quienes nos gobiernan, pero no se da la suficiente importancia al sustrato social que se requiere para dar legitimidad a los planes y el cumplimiento de las acciones. La planeación, el ordenamiento del territorio requieren del juicio de expertos y académicos de forma interdisciplinar y continuaran siendo un complicado campo de debate entre intereses contrapuestos, por lo tanto la responsabilidad en la toma de decisiones no debe responder a intereses personales, políticos o económicos particulares (o familiares) sino que deben ser tomadas sobre la base de lo publico que comprometa a la población protagonista de las transformaciones de su ciudad.