Hay sectores políticos en el país que llevan años dedicados a promover la idea de que buena parte de los problemas nacionales se deben a la justicia, especialmente a las cortes. Escándalos como el cartel de la toga y el ejercicio de las funciones electorales de las Cortes, contribuyen a esa percepción en amplios sectores de la opinión pública. Igualmente hace daño a la imagen de la justicia la resistencia de las altas cortes a cualquier tipo de reforma que les disminuya privilegios, modifique la forma de administrar los recursos de la rama o permita que los magistrados puedan ser investigados o juzgados con eficacia y oportunidad cuando se desvían en el ejercicio de sus funciones. 

Pero  partir de esa situación para llegar a la conclusión que son las Cortes las responsables del deterioro de la institucionalidad nacional, es no solo injusto sino equivocado. La Corte Suprema de Justicia, especialmente su Sala Penal, y la Corte Constitucional, fueron  pilares esenciales de la democracia colombiana cuando estuvo amenazada, de la separación de poderes y de la estabilidad institucional del país. La manera ejemplar y eficaz como la Corte en la mitad de la década anterior castigó los vínculos de los políticos con los grupos paramilitares en las investigaciones de la “parapolítica”, que permitió sancionar más de 100 dirigentes y decenas de parlamentarios o el histórico fallo de la Corte Constitucional que impidió la relección indefinida de Uribe y con ello la preservación de la democracia, son sólo un par de ejemplos de la forma como la rama judicial con sus actuaciones ha fortalecido el desarrollo institucional de Colombia. 

Por ello, preocupa la actual situación de la Corte Suprema de Justicia que da oportunidad a los detractores del sistema judicial para denigrar de su funcionamiento y afectar la independencia y autonomía de la justicia. Las peleas internas en el último año motivadas por razones políticas, regionales o personales hacen mas daño a la Corte que cualquiera de sus contradictores que permanentemente  disparan contra ella. Afortunadamente la situación en el Consejo de Estado o la Corte Constitucional en estos momentos es tranquila en cuanto a su funcionamiento interno, elección de magistrados y de directivas. 

Que los magistrados de la Suprema hayan dejado que sus conflictos internos lleguen a este nivel es francamente irresponsable. Siete vacantes sin proveer, cruce de cartas y rumores de enfrentamientos personales ventilados en los medios, es lo peor que puede suceder a una corporación encargada de administrar justicia. La crisis actual demuestra que la reforma a la justicia es una tarea pendiente que no hemos podido concretar ante la ausencia de consensos. Y en este panorama aparece ahora atravesada la elección  de Fiscal General de la Nación de una terna que el Presidente Duque envió desde diciembre.   

El bloqueo actual entonces debe superarse. El interés particular de unos cuantos magistrados, por importantes que sean, no puede estar por encima de los valores de la justicia y por ende afectar el equilibrio de poderes y el propio sistema democrático. Flaco favor hacen a la justicia quienes insisten en estas rencillas internas, porque abren la oportunidad que desde el poder ejecutivo se afecte seriamente la autonomía judicial. La sola posibilidad, mencionada estos últimos días, que se decrete una conmoción interior con el pretexto de la desintegración del quórum decisorio de la Corte constituye un peligro enorme para nuestra democracia. Se abre una caja de pandora con consecuencias imprevisibles desde el punto de vista de la división de poderes y la garantía de libertades y derechos para los colombianos. Llegó el momento de que los magistrados dejen de jugar a la política y se pongan a la altura de sus responsabilidades con la ciudadania. Desbloqueen  la Corte y bloqueen  de esa manera a los oportunistas anti demócratas que están al acecho.