Durante más de dos años, el Gobierno Nacional les prometió a los ciudadanos una solución al tema de los equipos utilizados para la detección de infractores por medio de fotomultas. 

El problema nació sin dolientes a la vista de las autoridades nacionales que en su momento se debieron pronunciar, previo a la instalación de dichos equipos, puesto que a pesar de haber sido incluidos en la Ley 769 de 2002, los legisladores nunca imaginaron el impacto que tendría a futuro la medida.

Las cosas deben llamarse por su nombre y por eso, en primera instancia acuso al Ministerio de Transporte, al permitir la puesta en marcha de las concesiones sin que mediara control alguno respecto a las condiciones mínimas que deben tener los elementos utilizados para meterle la mano al bolsillo a los administrados. 

En segundo lugar, que puede ser el primero, a la muy reconocida Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto es la autoridad responsable del control metrológico, tal como se desprende de la respuesta a un derecho de petición recibido el 6 de junio de 2017, según radicado N° 17-14385-2-0, en el cual dicha entidad se pronuncia en cuanto a la vigilancia que debieron ejercer: …“En este sentido, es importante resaltar que los instrumentos de medición sujetos a control metrológico del estado y referidos en su comunicación, no cuentan en la actualidad con reglamentación técnica alguna…” 

Respetados lectores: ¿es justo que después de 15 años luego de ser aprobado el Código de Tránsito, se conozca semejante confesión? ¿En qué país han vivido los Ministros de Transporte y los Superintendentes de Industria y Comercio, al permitir que los beneficiarios de las concesiones, disfruten de las omisiones por parte de las entidades antes citadas?

Saldrían otros interrogantes mucho más graves, pero luego del regalo de navidad de veinte o más años, que el Congreso les entregó a los concesionarios de las fotomultas, por medio de la Ley 1483 del 14 de julio de 2017, pues nada que hacer. La nueva norma trata de enmendar lo que no se hizo en 15 años y aparte de eso, les concede un plazo “misterioso” para validar la multa. Eso significa que usted podrá ser notificado de una infracción ocurrida después de la promulgación de la ley y no necesariamente dentro de los tres días siguientes y por eso la burla es mayúscula.

Todos sabemos quién tuvo a su cargo la ponencia y por eso no es necesario mencionarlo. Las pistas son: a. Representa al Norte de Santander, b. Recibió el proyecto el 1 de febrero de 2017 y presentó ponencia luego de varios meses, cuando estaba próxima a hundirse. Muy extraño, mucho trabajo, muchos proyectos en favor de la región o probablemente, mucho lobby de los interesados de tan fabulosas concesiones.

Lo cierto, es que la nueva Ley, no alivia en lo más mínimo el problema de los ciudadanos que se han visto y se verán afectados los próximos años, como consecuencia de esas injustas formas de notificar y eso formará parte de la cuenta de cobro en el venidero proceso electoral. Respecto al Superintendente de Industria y Comercio, debería investigar si es que estamos frente al cartel de las fotomultas.