El señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, elegido popular y libremente por los colombianos, y, teniendo en su calidad de jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, la función de dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los agentes diplomáticos y demás, ha nombrado al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado como nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos -OEA-.
Además de lo anterior hay que recordar que el exprocurador Ordóñez hizo parte de la coalición triunfante en las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio, la que llevó al presidente Duque a la jefatura del Estado, lo cual le da derecho incuestionable a participar en el mismo. Pero ello ha suscitado una serie de protestas en la gélida Bogotá por algunas posiciones doctrinarias del exprocurador. Hasta su salida de la Procuraduría General le han enrostrado, pero con argumentos equivocados.
Lo primero que hay que aclarar es que Alejandro Ordóñez no fue destituido de la Procuraduría General de la Nación, sino que el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto por el cual el Senado de la República lo eligió como Procurador General de la Nación, porque la corporación no tenía facultad para reelegirlo por no existir norma expresa que lo autorizara, aunque en derecho se menciona mucho el famoso principio liberal según el cual todo lo que no está prohibido, está permitido. En fin, los que merecían un disciplinario son los magistrados de la “Alta Corte”, los que lo postularon, por ignorar la ley.
Ahora bien, un Procurador General de la Nación es “el supremo director” del Ministerio Público, por ende, tiene independencia en el ejercicio del cargo, y eso tuvo el exprocurador Ordóñez. Lo que no ocurrirá en el nuevo destino que el jurista Alejandro Ordóñez Maldonado ocupará en la OEA, porque estará sujeto a directrices precisas impartidas por el presidente de la República a través de la Cancillería. Si no las acata, pues será retirado del cargo, porque no se le está escriturando.
Lo insólito es que nadie adelanta el verdadero debate, consistente en determinar por qué si el Estado tiene hoy la llamada “Academia Diplomática “Augusto Ramírez Ocampo”, antes llamada de San Carlos, para preparar a sus agentes diplomáticos y consulares, es decir, personas con títulos académicos apropiados y dominio de varios idiomas, no los impulsa en la carrera diplomática.
Es preciso que el Estado organice una Cancillería técnica y con meritocracia, porque la estructura actual conlleva a fracasos diplomáticos internacionales, como el que acabamos de tener con Nicaragua.
Conozco cucuteños capaces que se han preparado idóneamente en la citada Academia Diplomática, como Francisco Leandro Niño Contreras, con excelencia académica y poliglotía, y con tantos méritos merecen escalar posiciones en la carrera diplomática. A ese aspecto sí hay que dedicarle nuestras energías. Alejandro Ordóñez Maldonado tiene el derecho de posesionarse y nosotros, sus conciudadanos, ternemos la obligación de hacerle seguimiento a su desempeño diplomático.
