Las denominadas SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, están llegando a un punto verdaderamente crítico.

Se introdujeron en nuestra legislación en el afán de eliminar trámites, y la vedad se están prestando para toda clase de enredos que tienen en aprietos al gobierno y a los sistemas de seguridad jurídica.

Cuando se implantaron en Europa, se pensó en facilitar procesos para pequeñas empresas, de tal manera que al incipiente comerciante o industrial no le quedara difícil acceder a su modelo empresarial.

En nuestro caso se generalizó de tal manera, que hasta los grandes conglomerados económicos resolvieron convertirse en SAS, lo que les significa no ceñirse a una escritura pública con todos los procedimientos de seguridad jurídica que ello implica. El resultado es que hoy todo el mundo apela a esta figura, y en un papel común constituyen una sociedad, después la liquidan y vuelven a abrir otra, y en todo ese juego se presta la figura para que no haya ninguna clase de controles y se aproveche para evadir impuestos, para lavar activos y para cometer toda clase de irregularidades.

La DIAN dijo en su momento que la evasión por este concepto podría llegar a los tres billones y la Fiscalía dijo que muchas de las incautaciones de lavado de activos están amparadas en las Sociedades Anónimas Simplificadas.

Ahora la revista Dinero en su última edición prende las alarmas sobre el lavado de activos y dice que los organismos internacionales han detectado este ilícito en operaciones que pueden abarcar los $20 billones, lo que representa cerca de tres puntos del PIB.

Y nos dice también que ante esta preocupación, la Superintendencia de Sociedades está requiriendo a cerca de 3.500 compañías con ingresos anuales superiores a los $100.000 millones para que reporten operaciones sospechosas. Cabe anotar que esta labor la hacían las notarías con mucha eficiencia, pero que al desaparecer el control legal con la omisión de la escritura pública, ese control dejó de hacerse.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional ha evidenciado el caso colombiano como preocupante, en reciente reunión celebrada en Panamá. Y lo que es más apremiante es que mientras las cifras hablan y señalan escenarios verdaderamente críticos, hasta el momento no se ha producido la primera condena por lavado de activos por concepto del fenómeno de la corrupción, a pesar de los altos niveles que existen en el país.