Tiempo atrás me referí al calificativo que algunos columnistas u opositores políticos le dan al presidente de la República de Colombia en ejercicio, en el sentido de llamarlo “Subpresidente”, dando a entender que jerárquicamente hay otra personalidad superior. No sé si ese ser superior fue elegido popularmente para ese destino o es con el fin de restarle autoridad a quien ejerce legítimamente la jefatura del Estado.
Lo cierto es que ese calificativo -porque no es título- ya no es parroquial, como era de suponerse al ser producto de los opositores políticos dentro de nuestros linderos, sino que ha trascendido las fronteras patrias. Desde Caracas el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no cesa de referirse al presidente de Colombia como “Subpresidente” y, en la reciente Asamblea de la ONU, el canciller venezolano Jorge Arreaza, también se refirió varias veces al presidente legítimo de Colombia como “Subpresidente”, para satisfacción de una proporción considerable de demócratas falaces. Un exministro colombiano, alvarista por cierto, se pregunta: ¿A dónde vas democracia?
Ser opositor político no es malo. Es legal, legítimo y en Colombia ahora está amparado constitucional y legalmente por el Estatuto de la oposición. Pero eso no puede llevar a desconocer que el pueblo colombiano eligió legal y legítimamente, el 17 de junio de 2018, al actual primer mandatario. Si ello no es así hay que concluir que la curul senatorial del señor Gustavo Petro es ilegítima, porque fue obtenida en el mismo evento electoral, y se le asignó porque perdió en el certamen democrático, y también sería un “Subsenador” porque por encima de él hay un partido político y sus correspondientes cuadros que muchas veces manifiestan inconformidad, independientemente de cómo administre él su formación política.
A muchos compatriotas les produce urticaria que un expresidente de la República sea jefe de un partido político que ayudó a elegir al actual presidente de la República. ¿Qué le vamos hacer? Ambos están en sus destinos -Presidente y senador, respectivamente, y de pronto asesor tras bambalinas este último- por voluntad popular, pues es en el mismo terreno donde se puede intentar su remoción y no politizando la justicia. A ningún gobernante se le puede negar el derecho a tener asesores, así sean expresidentes de la República, si en realidad es el caso colombiano.
De manera que el actual presidente de Colombia fue elegido constitucional, legal y legítimamente. Si es sabido de sobra que una administración presidencial se puede juzgar con los años en su conjunto, ¿cuáles son las herramientas para hacerlo día a día?
