No es nueva la versión sobre comisión de fraude en las elecciones en Colombia. 

Y la denuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, es apenas una muestra de todo lo que se ha acumulado en los llamados “eventos democráticos”.

Las elecciones en Colombia se han convertido en una carrera de aspirantes a cargos de poder, donde el que gana, es el que más plata ponga para hacer efectiva la trampa. 

El camino al Congreso (Cámara y Senado), a Asambleas y los Concejos no siempre es limpio. 

Por allí transitan los mercaderes de votos. Eso mismo se aplica para los otros cargos de elección popular. 

A la Alcaldía de un municipio o a la Gobernación de un Departamento se llega, en no pocos casos, constriñendo al elector para alcanzar el fin propuesto. 

Por eso el costo de las campañas es tan alto.

No se salvan de esas prácticas viciadas los que buscan la investidura presidencial, pues quienes los apoyan son los mismos negociantes de votos, los contratistas que pagan coimas, los burócratas que manejan las claves para lucrarse de los presupuestos públicos, que son recursos destinados a la salud, la educación, las vías, en general, el desarrollo social de las comunidades.

La relación que hizo el Fiscal sobre las irregularidades electorales fue apenas una parte de tan escabrosa realidad. 

Hay mucho más de lo revelado. Mucho más de lo que se les imputa a las senadoras electas Aida Merlano, María Fernanda Cabal, Margarita Restrepo y otros postulados al Congreso. Gustavo Petro habló con anticipación sobre esas maniobras.

En Norte Santander no faltó esa intención turbia de ganar votos por la vía de la trampa. Se hizo con descaro y mediante amenazas a quienes debían conseguir electores para mantener el empleo. Lo buscó por skype el exalcalde Ramiro Suárez como apoyo a la candidatura de Germán Vargas Lleras.

La consecuencia de ese mercado electoral es, como se ha visto en Colombia, el desbordamiento de la corrupción. Es el escenario propicio para las operaciones de Odebrecht. O está hecho para el enriquecimiento ilícito, que equivale a un millonario porcentaje del presupuesto de la nación.

El mercado electoral no es asunto de menor cuantía. Es una empresa con toda la infraestructura articulada a la ambición de quienes la manejan. Es una empresa de poder para adueñarse de lo público. Es un tejido que lo abarca todo. De allí se deriva el abuso en las diferentes entidades oficiales o aprovechamiento de las mismas para el enriquecimiento ilícito. Es el asalto con siniestra picardía a las universidades regionales, a los establecimientos de salud, a los entes de control para convertirlos en cómplices, a la administración de justicia para utilizarla como eslabón de impunidad en la cadena de los latrocinios consentidos. Es el patrocinio al clientelismo que hace posible la minería ilegal, la contratación amañada, la delincuencia de cuello blanco, la violación de los derechos humanos y las violencias de las mafias, de la delincuencia común, de los diferentes grupos de presión empeñados en cobrar su aporte a los beneficiarios del fraude.

Puntada

El general Manuel José Bonnet Locarno fue un militar con talante de humanista. No concibió las armas como instrumento de represión contra los débiles y ejerció su autoridad sin incurrir en la tentación de convertirlas en instrumento de agresión dominante. Su muerte es una baja que deja vacío.