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La protesta que agrede
A través de ella es posible expresar sentimientos adversos o favorables ante cualquier situación que involucre asuntos públicos.
Jueves, 23 de Enero de 2020

Todas las democracias del mundo coinciden en que la protesta callejera constituye un derecho para la expresión de cualquier ciudadano, y estamos completamente de acuerdo. 

A través de ella es posible expresar sentimientos adversos o favorables ante cualquier situación que involucre asuntos públicos. Cuando la manifestación se hace evidente, gobierno y ciudadanos pueden apreciar un sentimiento que debe interpretarse frente a una actitud que sea necesario adoptar.

Pero lo que realmente nos preocupa en este momento, es que esa protesta se la estén tomando los vándalos, y podemos apreciar que mientras una mayoría marcha pacíficamente y se expresa a través de pancartas, mimos, música y discursos, una minoría resuelve abusar de las circunstancias, y con una enorme agresividad trata de imponerse usando artefactos explosivos y elementos para ocasionar destrucción, y en esa labor parten vidrios, pintan fachadas de casas y edificios, paralizan el tráfico, atentan contra los sistemas de transporte público, destruyen estaciones de buses y ponen en peligro las vidas de quienes concurren.

Y entonces se abre el debate si la autoridad de orden público debe intervenir o no ante esos hechos, y es cuando debemos aceptar que la protesta es siempre bienvenida, y la expresión ciudadana resulta positiva, pero los hechos de delincuencia definitivamente no.

Es clarísimo que en Colombia, y en cualquier país, existen unas normas muy claras que están condensadas en un compendio que se llama Código Penal, en donde se habla de los delitos y las penas, y que son normas de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano dentro de un Estado de Derecho.

Y por otro lado existen también unas autoridades legítimamente constituidas, que están concebidas para que la ley se cumpla y se aplique, a todo aquel que entre dentro de sus fueros.

Toda protesta debe ser consecuente con unos fines claros y lícitos, y debe entender también que no se puede sobreponer sobre los intereses y sobre los derechos del resto de ciudadanos.

El que quiera trabajar, debe respetársele su voluntad; lo mismo que el que quiera movilizarse, y en igual forma se deben respetar con toda claridad los bienes públicos y privados, así como la integridad de las personas.

La protesta no puede ser sinónimo de atropello y de desastre, pues el que infrinja la ley, debe ser sujeto de su aplicación y el que propicia el daño, debe repararlo. 

Es increíble que ante una manifestación, los ciudadanos tengan que acudir a tapar las fachadas de sus edificaciones con cartones, maderas y mallas para que no sean agredidas. Y lo peor de todo, es que estamos contemplando también la destrucción de bienes públicos como parques, bibliotecas, universidades, colegios y escuelas. No hay derecho.

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