Se ha intensificado en el país la comisión de actos sexuales con talante delictivo y en grado extremo o criminal. Y los actores de tales aberraciones no están solamente en el campo de los grupos armados ilegales.  Se encuentran también en los sectores de la sociedad que se precian de respetables o titulares de encumbrados pergaminos.

La reciente violación de una menor indígena, de 11 años, en jurisdicción del departamento de Risaralda por parte de siete militares armados y en servicio en ese territorio, es un acto de extrema abyección, ejecutado con premeditación, alevosía y violencia, contra una persona en condiciones de indefensión. Además, configuró secuestro. Toda una trama de ultraje, lesivo a los derechos humanos y de menosprecio por la dignidad infantil.

Esa conducta criminal de los militares implicados pone en evidencia el grado de perversión sexual de que están hechos, como resultado de su formación, que es una distorsión de su visión existencial. Y esto guarda relación con la influencia machista predominante en el entorno castrense. No se trata de un caso aislado o de unas cuantas manzanas podridas. El informe sobre la recurrencia de esas vivencias punibles muestra una tendencia generalizada. Se informa que pasan de cien los militares denunciados por hechos semejantes.

De otra parte, la falta de rigor en las investigaciones, ha llevado a impunidad de involucrados en actos reprochables. La solidaridad de cuerpo ha impuesto la permisividad cuando de violaciones abusivas se trata, así como de la comisión de otros desatinos.

Las Fuerzas Militares de Colombia han sido siempre sobrestimadas. Son consideradas como una institución sacrificada e impoluta, con sesgado escrutinio de su realidad. No hay crítica correctiva y, mucho menos, autocrítica en episodios de corrupción. Todo recibe aprobación o se minimizan los desvíos, que son muchos, porque esa misma institución ha protagonizado actos que le restan autoridad, pues ha participado en acciones de violencia de alcance criminal a la sombra de su condición oficial o estatal. Los llamados ´falsos positivos´ y sus relaciones encubiertas con paramilitares le dejan un saldo negativo. A lo cual se suma el lamentable capítulo de las violaciones que tienen el repudio de la opinión nacional por su brutalidad y su bajeza.

Consideraciones de este orden provienen también del exterior. La carta de un senador de Estados Unidos señala la gravedad de lo que ha sucedido y lo hace con señalamiento a la institucionalidad. Es imposible tapar el sol con las manos. Tampoco tiene acomodo el discurso retórico del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien todo lo reduce a la errática legalidad.

Las Fuerzas Militares no pueden seguir en la caída en que están. Deben aceptar su mala hora y asumir correctivos.

Puntada

¿Será que para los militares violadores de la niña tampoco hay una cárcel de verdad? ¿Van a seguir protegidos?

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