Las excepciones a la prohibición del porte de armas en favor de civiles que lo requieran, a discreción del Ministro de Defensa, puede convertirse en una puerta abierta para el rearme de grupos criminales, como ya se ha advertido.

El caso de las Convivir es prueba suficiente del uso indebido de las armas por parte de civiles bajo el amparo de las mismas autoridades. El paramilitarismo se convirtió en una fuerza de violencia, sin contención, con el pretexto de la lucha contra las guerrillas en el país. Todavía no se ha superado esa arremetida de desafueros que a sangre y fuego impusieron el dominio paramilitar, como también lo hicieron los distintos frentes guerrilleros en esta guerra que lleva medio siglo en Colombia.

La permisividad a los particulares de portar armas lleva, sin duda, al desbordamiento de la delincuencia. Y esta ya se ha utilizado como brazo armado de sectores arbitrarios. El despojo de tierras es una de las acciones consumadas. Como lo ha sido también el exterminio de dirigentes y militantes de partidos contrarios a los intereses de quienes se lucran con la explotación del poder. Esas mismas bandas están articuladas al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal, a la depredación de los recursos naturales y a la cadena de corrupción dedicada al saqueo de la nación.

Los civiles armados con permiso oficial tienen licencia para matar y la experiencia cotidiana lo confirma. Muchas de las balas perdidas que hacen impacto letal sobre cualquier persona proceden de esa red.

El monopolio de las armas concedido al Estado debiera entenderse como una institución en función de la protección de la vida y los bienes de todas las personas que habitan el territorio nacional. Concesionarlo a algunos particulares por excepción quebranta la igualdad e introduce perturbación. Y allí comienza el resquebrajamiento de la seguridad. Uno de los efectos nocivos es la gabela que se entrega como privilegio de protección a unos pocos, con la consecuencia de distorsión respecto a la justicia misma.

El desarme debe mantenerse como garantía de la convivencia. Debe demostrarse que las relaciones entre las personas se basan en el respeto recíproco, que es al mismo tiempo el reconocimiento de los derechos fundamentales. 

Pensar en términos de paz tiene que llevar al desarme general. Y así la sociedad será más libre y dejará de depender de los recursos de la fuerza, cuya dinámica impone muchas veces la agresión apoyada en instrumentos ofensivos o en acciones punitivas. Una pedagogía que promueva la armonía y la comprensión en todos sectores de la sociedad puede tener resultados positivos al erradicar las prevenciones, el resentimiento, el odio y la intolerancia, que contienen siempre una carga nociva de efectos devastadores. 

Garantizar la paz sin las armas ofensivas debe ser la expresión de una democracia funcional.

Puntada

Puede ser abogado de muchas campanillas, pero como columnista, Abelardo de las Espriella no hace más que exprimir sus odios obsesivos. Para él solamente tiene validez lo que se acomode a su pensamiento de derecha. Lo apasionan el anticomunismo y su proclividad al oscurantismo y los dogmas con que alimenta su conciencia.

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