Quizá uno de los mayores atributos con los que cuenta el ser humano es el libre albedrío, entendido como la facultad según la cual las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, en especial si se tiene la madurez racional para hacerlo. En un principio el libre albedrio se ejercía de manera amplia, sin embargo fue necesario ir definiendo en el conglomerado social, qué conductas eran o no aceptables de acuerdo con el principio general del bienestar colectivo.

El hombre fue poniendo de manera mesurada reglas de convivencia en el juego social para garantizar su normal desarrollo sin atropellar los derechos individuales. Las sociedad modernas han evolucionado tanto que pareciera que es mayor el catálogo de prohibiciones que el de derechos y a diario se libran batallas en el colectivo para visibilizar las necesidades de ciertos grupos poblacionales. En ellos se centra una de las grandes discusiones de la razón de ser del Estado moderno como garante de las libertades individuales, en especial el acceso a la justicia como mecanismo de control de las conductas que atentan contra el orden social.

Si se me pregunta si estoy de acuerdo con el porte de armas, debo desde lo más profundo de mi ser manifestar que ante la desbordada inseguridad y el salvajismo con el que los delincuentes atacan a sus victimas hoy en día, pasa por la mente el poseer un arma que permita ejercer la legítima defensa. Sin embargo, una cosa es pensarlo y otra ejecutarlo, mi formación profesional y mi convicción cristiana después de un pequeño juicio razonado se inclina indefectiblemente por fortalecer las columnas del Estado de Derecho como único garante del catálogo de libertades individuales. Recurrir al porte de armas como solución al tema de inseguridad, se constituye en una pérdida notable del avance social en la defensa de los derechos individuales y nos hace retroceder lentamente como colectivo.

El porte de armas es reconocer de facto la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y más que ello, es hacer a un lado a la justicia, para tomarla por la propia mano. Armar a la ciudadanía es devolvernos a los tiempos del lejano oeste donde los problemas se arreglaban “a plomo”. A la humanidad le costó años abandonar el estadio de la acción y la reacción, donde la ley del talión como avance normativo vino a poner coto a la exagerada reacción ante cualquier agravio, con la famosísima medida “diente por diente y ojo por ojo”; esta medida por demás proscrita hoy, parece ser la que los defensores del porte de armas quieren volver a imponer.

En un país tan violento  como el nuestro, donde la tolerancia no es precisamente nuestra mayor virtud, creo que es una bomba de tiempo armar a los conciudadanos. Debemos antes que lanzarnos en una carrera de defensa individual, constituir un gran frente común con las autoridades y desplegar los mecanismos preventivos y coercitivos necesarios para garantizar la seguridad de nuestra ciudad.  Si bien es cierto que tengo derecho a defenderme, prefiero que el Estado garantice mi seguridad y la de todos los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de eliminar la inseguridad entre todos, pero no armando a la población civíl. Por ello mi posición es un rotundo NO al porte del armas.