Un tema recurrente en los últimos tiempos es el de la reforma judicial, la cual, hace encoger de hombros a muchas personas, principalmente a los integrantes de las altas cortes.
A los primeros, porque les suscita escepticismo, y los segundos, porque temen verse recortados en sus privilegios, no obstante que en ese caso ellos son juez y parte, porque la nueva normatividad se refiere a su destino y funciones y, además, son ellos mismos los que hacen el examen de constitucionalidad, desde la Corte Constitucional.
Alguna vez el periodista Alberto Casas Santamaría declaraba con resignación que esa reforma era imposible, porque las altas cortes no aceptan nada.
Un tema que está hoy sobre la mesa es el de las facultades electorales y de nominación de funcionarios externos a la corporación: registrador, auditor, procurador, etc.
Recuerdo que hace cuatro años el ejecutivo nacional se propuso sacar de la Corte Constitucional al magistrado Jorge Pretelt Chaljub, porque había sido postulado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y por ello presuntamente era un obstáculo en el análisis de los preceptos que llegarían a la corporación en lo relacionado con los Acuerdos de La Habana y la elección del nuevo registrador nacional.
Pero públicamente se adujo otra razón, el escándalo fue grande, y los magistrados en pleno visitaron al presidente Santos y le pidieron que les retirara las facultades electorales a las Cortes.
Parece que sus homólogos los llamaron al orden. Hace un año el Consejo de Estado radicó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo para que les retiren la tarea de nominación del Auditor y el Procurador general, y diseñaron un mecanismo sustituto. No se sabe nada de ese proyecto.
Las denominadas altas cortes saben y ya reconocen públicamente que la Asamblea Constituyente de 1991 se equivocó, porque haberles entregado esas funciones fue un atentado contra la independencia y autonomía de la Rama Judicial, y piden que les retiren esos distractores de su misión principal: administrar justicia. Definitivamente ya no podemos decir como antes, que el legislador y el constituyente derivado son sabios. No. Eran sabios. Fueron sabios cuando esas corporaciones las integraban Darío Echandía, Antonio Rocha Alvira, Alfonso Palacio Rudas, Jorge Eliécer Gaitán, Carlos Gaviria Díaz, Caros Lleras Restrepo, Hernán Jaramillo Ocampo y Bernardo Gaitán Mahecha, entre muchos otros.
En reciente declaraciones de la nueva ministra de Justicia, doctora Margarita Cabello Blanco, manifiesta que las altas cortes sí quieren desprenderse de las funciones electorales, pero quieren conocer primero a quién les entregarán esas funciones “para no sacrificar la armonía que para esas elecciones trajo la Constitución en el sentido de equilibrar las ramas del poder público”. Ahí vamos.
