Como justificación extemporánea a la omisión crónica del Estado con respecto a las responsabilidades que le competen en la protección de los derechos de los colombianos, se acudió a la estigmatización de los indígenas del Cauca que se movilizaron para exigir satisfacción a tantas necesidades acumuladas. 

Se les sindicó de terroristas y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez infló ese expediente con la ligereza de afirmar que la Minga había sido infiltrada por el presidente venezolano Nicolás Maduro con finalidades subversivas. 

Es la forma recurrente de tergiversar para deslegitimar la protesta social.

Con todos esos pertrechos de sofisticación se pretende hacer creer que la pobreza y la desigualdad en que vive la mayoría de la población colombiana, incluidos los indígenas, es producto de un determinismo inexorable y no la consecuencia de un sistema de discriminación clasista, injusto, de falta de equidad, donde predomina la utilidad egoísta para el monopolio abusivo de la riqueza, cuando esta debiera generar bienestar colectivo.

Así a la Minga del Cauca hubieran llegado agitadores, eso no exime al Gobierno de su deber de garantizar la vida, honra y bienes de una comunidad que demanda reconocimiento a sus derechos, lo cual no implica desatender al resto de los colombianos.

Lo cierto es que esta situación de tantas brechas proviene de la segregación racial y la división clasista de la sociedad. 

A los indígenas se les ha ultrajado con un tratamiento desmedido. Como lo hicieron los españoles durante la conquista y semejante a los linchamientos del Ku-klux-klan en Estados Unidos.

Hace poco la senadora Paloma Valencia, con su arrogancia de feudales abolengos, propuso el aislamiento de los indígenas caucanos. Era como calcar los vejámenes propios del Apartheid con que se oprimió a los sudafricanos.

El imperio español importó desde África a los esclavos negros para los trabajos más devastadores de la colonia. Los llevó al suplicio con sevicia y ese azote tuvo una prolongación permisiva hasta que llegó el tiempo de la libertad, y aun así quedó un remanente de discriminación, repetido en centros sociales y lugares “exclusivos” por pedantes extraviados, con ínfulas racistas.

En fin, el problema que revivió en el Cauca y frente al cual hubo tantas vacilaciones oficiales para asumirlo y buscar su solución, es crónico y está alimentado por la indiferencia oficial. No se quiere reconocer que allí hay un conflicto creado por el despojo de tierras de que han sido víctimas los indígenas, a los cuales también se les ha cercenado su cultura y arrebatado valores propios de su idiosincrasia.  El menosprecio se ha impuesto sobre la comprensión, sobre el respeto, el derecho y la razón.

Esa absurda subestimación a los indígenas los ha puesto en pie de lucha contra lo cual algunos presionan al Gobierno para que utilice la fuerza pública en acciones represivas que podrían llegar a extremos desmedidos.

Sería insólito que en vez de buscar soluciones se atizara la hoguera de la discordia, como quieren algunos.

Puntada

La migración de venezolanos a esta zona de frontera es un problema que no se resuelve con paños de agua tibia. La contribución mediante limosnas lo agrava. Exige un tratamiento de Estado, que no puede reducirse a un asistencialismo paliativo. La mendicidad lastimera y cotidiana es una práctica dolorosa.