En Bucaramanga, el pasado cinco de enero fue capturada Ruby Jacqueline Bárcenas Pedraza, La Piña, una de las agentes de tránsito de Floridablanca, implicada en la imposición y firma irregular de centenares de comparendos que favorecían el interés particular de la concesionaria del contrato de las fotomultas de ese municipio, cuando se encontraba en tiempo de descanso, o en vacaciones o en incapacidades médicas. No le tembló la mano a la doctora Diana Carolina Alvarado, para ordenar su captura.
Más o menos como similarmente ocurre aquí en el municipio de Los Patios, donde nuestros “Piños”, los agentes de Tránsito Velasco, Gamboa y otros, que firman bajo la gravedad del juramento, a sabiendas de que es físicamente imposible dar fe de las infracciones, pues sin tener el don de la ubicuidad, cubren y firman centenares de comparendos, presuntamente a la misma hora, en el mismo instante y en los diez kilómetros de la avenida 10 de esa municipalidad, cometiendo varios delitos entre ellos el de falsedad ideológica en documento público.
La doctora María Isabel Arteaga Alarcón, fiscal tercera de la Unidad de Alertas Tempranas conoce aquí, desde el 26 de julio de 2017, la investigación de estos delitos, falsedad ideológica, usurpación de funciones públicas, celebración de la contratación irregular de la Concesión Vial del Municipio de Los Patios, que involucra a los concejales de la pasada administración y al exalcalde, a los miembros de la junta directiva del Instituto de Tránsito, sus directores e Inspectores y al concesionario irregular. Lo aseguro porque en oficio No.DS-15-1517 que firmó la asistente de la Dirección de Fiscalías Patricia Mogollón Acevedo, yo fui requerido y me juramenté y aporté pruebas documentales: acuerdos, actas, copia del contrato, oficios de respuesta de la Alcaldía y de varios funcionarios municipales.
Creo que hay mérito probatorio para vincular a los denunciados y para que los llamen a indagatoria y en el ámbito disciplinario para que rindan los descargos pertinentes y ante la Contraloría General del Departamento, para que asuman su responsabilidad fiscal. Entonces, como el hilo se revienta por lo más delgado, que comiencen por recoger a los “piños” y luego a los duros.
Debería hacer pública la Alcaldía Municipal, si ello fue cierto, la eliminación de las cinco mil multas que tanto propala, para que se entere la ciudadanía afectada por una acción delictual. Así lo hizo la Alcaldía de Floridablanca en Santander, en separata de Vanguardia Liberal.
En la misma separata informar, los beneficios de la Ley 1843 de 2017. Todos los veedores sociales deben seguir haciendo el control que nos permite la ley. Tan pronto se reinicie la actividad judicial, continuaremos impulsando la Acción de Nulidad del Contrato ilegal, igual que las acciones: penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal. La comunidad tiene derecho a la defensa.
