Es difícil escribir con la cabeza fría sobre un tema candente y plagado de trampas, como es hoy el tema de la JEP y en general, el futuro de los acuerdos, que para algunos es como decir, de la paz, aunque muchos colombianos miren todo este lío desde una distancia prudente cuando no con indiferencia, pues consideran y sienten que sus problemas son de inseguridad cotidiana, de empleo e ingresos, de las próximas vacaciones... Pero bueno, no hay que sacarle el bulto al asunto aunque amigos me han dicho, déjelo quieto y más bien hable del increíble apagón venezolano, que ya no es solamente de su democracia, o de Peñalosa y su guerra privada contra el automóvil que libra en medio de una atmósfera cada vez más contaminada no propiamente por ellos.
Lo primero es recordar los antecedentes de la decisión del presidente Duque de acudir a la facultad que la Constitución le otorga para objetar por lo que a su juicio son razones de conveniencia de naturaleza política y no jurídica, en su totalidad o parcialmente, leyes votadas por el Congreso y que desarrollan normas constitucionales, sin afectar a éstas. La Corte Constitucional se limita a definir si la norma expedida viola o no a la Carta Política. El Presidente lo que puede hacer es buscar que el Congreso revise la norma en los puntos que señala la objeción presidencial y en su autonomía las aceptará o no; luego la Corte debe establecer si los cambios violan o no, en este caso lo definido en la reforma constitucional votada para darle vida a la Justicia Especial de Paz, uno de cuyos elementos es la JEP.
Las observaciones de Duque eran conocidas desde la campaña y los diez millones de ciudadanos que votaron por él le dieron su respaldo para que hiciera lo que hizo. Debe tenerse en cuenta que si su posición al respecto era moderada, de ajustar y precisar pero no de volver trizas lo acordado y desarrollado en consecuencia, no se puede decir lo mismo de muchos de sus apoyadores y aliados políticos, lo cual le iba a exigir un manejo delicado y equilibrado de un tema explosivo en las condiciones de un país que ni logra salir de una era de violencia, a pesar de los logros y cambios logrados, ni consolidar una fase de transformaciones que permitan dejar atrás tanta muerte e injusticia, para asomarse a un mundo nuevo que no puede ser simple continuación maquillada de lo anterior. En este punto creo que Iván Duque, colocado en este cruce histórico de caminos, es sincero y de verdad quiere ser el abanderado de esa transición. Lo que pasa es que la tarea no es fácil y muchos desconfían de sus verdaderas intenciones o de su capacidad para liderar semejante tarea.
Una lectura desprevenida de las razones planteadas por el Presidente, difícil en una atmósfera preñada de una desconfianza generalizada de todos con todos, permite ver que ellas responden a tres preocupaciones principales: Ante todo, reafirmar la prevalencia de los derechos de las víctima, el alma de los acuerdos; En segundo lugar, que los beneficios legales de la JEP no se desborden ni sean aprovechados por los vividores de siempre, en este caso profundamente comprometidos con actividades criminales básicamente de narcotráfico, que nada tuvieron que ver con la financiación de nuestro conflicto interno, Pues son esas actividades y esas personas las únicas con el derecho a ser amparadas por la legislación especial. Me parece que decir que con lo anterior se ponen en peligro los acuerdos y en general la paz, es una exageración que bordea la complicidad o alcahuetería con actividades y personajes que solo merecen ser calificadas, tratadas y juzgadas de criminales; en tercer lugar.
Es, o un exabrupto o una lamentable falla de redacción, pretender que cualquier actividad o acción ilegal realizada por un beneficiado por las facilidades de la JEP, lleva a la pérdida automática de los beneficios recibidos. En el acuerdo hubo o un error o una concepción inadmisible a los miembros de las FARC, al considerar que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son acciones propias de la guerra y por consiguiente deben ser sustraídos de la acción de la justicia ordinaria. Es el único punto de los acuerdos que reclama ser modificado, pues aunque es común que en las guerras las mujeres las convierten en botín o arma contra el enemigo, eso no puede justificar la ligereza irresponsable conque el punto fue resuelto en La Habana.
El Procurador reconoce que se requieren ajustes a la operación de la JEP. Humberto de La Calle en su último libro, Revelaciones al final de una guerra, reconoce que por la inclusión de unos juristas luego apoyados por ministros y parlamentarios santistas que rápidamente y con apoyo presidencial pasaron de ser asesores de los negociadores a negociadores plenipotenciarios, se perdió la línea de autoridad en el proceso, abriéndole así el camino a la imperfecciones en extremo dañinas que se presentarían en el capítulo de las implementaciones.
Con todo respeto, la fobia antiuribista y el cálculo político han empañado la comprensión y análisis reposado del sentido y alcance de las objeciones presidenciales al texto de la ley reglamentaria de la JEP, con lo cual flaco servicio se le presta al logro de la paz de la nación.
