Por más esencial que sea el diálogo para superar la crisis, no basta con que este ocurra. Es necesario dotarlo de capacidad resolutiva y contenidos precisos.

Existe consenso en la necesidad inmediata de reactivar el empleo, promover la reactivación y fortalecer prestaciones para superar la pobreza, la cual impacta a mas de 21 millones de personas, considerando que más de 2 millones de ellas pasaron de la clase media, a ubicarse en población de menores ingresos.

¿Cómo dar pasos efectivos en esa dirección?

Lo primero, convocar y comprometer la acción de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, instancia establecida para el encuentro tripartito y la proyección de las políticas públicas en materia de empleo y protección social.

Sin necesidad de crear nuevos mecanismos, cuenta la sociedad con un potente instrumento de deliberación y decisión, para orientar la toma de decisiones en estos campos. Allí el diálogo no puede quedar en buenas intenciones, sino que habrá de trascender a acuerdos prácticos, que orienten la acción del gobierno nacional y, en especial, enruten la tarea del Congreso de la República.

Ante este, habrán de tramitarse con mensaje de urgencia las iniciativas que se construyan por la vía de la concertación, sin pausa y de frente al país.

En segundo término, se demanda construir consenso en cuanto a que la vía más equitativa y expedita para la superación de la pobreza y la reactivación, es el fortalecimiento de la protección social. Menos subsidios y más derechos para todos.

Se trata de actualizar y fortalecer las prestaciones de esta, empezando por diseñar un derecho de alcance universal, denominado renta básica.

Esta prestación económica, para reducir la pobreza y dotar de ingresos mínimos para la vida digna de las familias, corresponde en sentido amplio al programa ingreso solidario, medida adoptada en la emergencia por el gobierno para superar los efectos de la pandemia.

La renta básica es una opción de política social de alto impacto, que protege a sectores necesitados de la población según el nivel de ingresos, con la cual se cubren riesgos relacionados con la volatilidad económica y la desocupación.

Programas como Bolsa Familia en Brasil o las Asignaciones Familiares Universales de Argentina, constituyen antecedentes del mismo. En España, el Ingreso Mínimo Vital se creó en 2020 como una prestación no contributiva de la seguridad social, que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos.

Es esencial considerar la renta básica como una prestación de la protección social, no como un mero subsidio. Ha de entendérsele como un derecho, que se preste desde la institucionalidad de la seguridad social, aprovechando la cobertura de sistemas como el de salud o el alcance de las cajas de compensación familiar.

Progresivamente, el país habrá de avanzar hacia realizar la universalización de una prestación tal, en la medida en que se articule y asuma funciones de algunos subsidios dispersos.

Las familias que no alcancen un mínimo de recursos mensuales, tendrán derecho a recibir un ingreso económico que les permita cubrir gastos esenciales, con énfasis en la protección de menores, adultos mayores y personas en dependencia. Un sistema de subsidio familiar por fin de alcance general, que provea recursos monetarios y servicios sociales, como barrera a la pobreza.

Como respuesta a los grandes retos de la pandemia, la protección social debe ser para todos. La protesta debe convertirse en decisión ciudadana y acción institucional para lograr igualdad, inclusión y progreso.
 

Autor: Juan Carlos Cortés González