Un trino de Petro del pasado viernes debe despertar todas las alarmas. Petro dice que a) hay una "ruptura institucional” porque la Procuraduría suspendió al Canciller y porque “la Fiscalía investiga al Presidente”, b) que "se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al Presidente”, c) que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como 'el ñeñe’ que la del sindicato de maestros”, d) que hay una “toma mafiosa de la fiscalía” y que e) “debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular [y] llegó el momento de la expresión popular”.
Petro no solo no aporta una sola prueba sino que sus acusaciones son un abierto ataque contra la Fiscalía que debe sumarse al que hace a la Procuraduría al negarse a separar del cargo al Canciller.
Por otro lado, quienes han tenido nexos con mafiosos y los han beneficiado son Petro, su familia y su gobierno. Petro participó en la planeación del asalto del Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar. Está probado también que alias Sobrino y su mujer aportaron a su campaña en Casanare. Su hijo confesó que recibió dinero del Hombre Malboro y que parte ingresó a la campaña. Y su hermano que las elecciones se ganaron por el apoyo de criminales. La lista de decisiones de Petro y sus funcionarios que favorecen a los narcos es larga. El resultado es que los narcocultivos saltaron 230.000 h en 2022 a 320.000 en 2023. De manera que quienes han tenido nexos con mafiosos y los han beneficiado son Petro, su familia y su gobierno.
En cuanto al Ñeñe, Petro miente y ataca a la Corte Suprema que, en sentencia de 2022, dijo que "más allá de afirmaciones vagas, generales […] no se cuenta en el expediente con ninguna prueba certera de la presunta participación de Hernández en la campaña”.
De lo que no hay duda es de que en la de Petro se violaron los topes en gastos y se recibió financiación no declarada. La lista va, entre otros, desde los aportes de alias Sobrino y del Hombre Marlboro hasta los 500 millones de Fecode que, por estar probados de varias maneras, deslegitiman la elección de Petro y enredan a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga y a los sindicalistas que se prestaron para la triangulación y la trampa. Investigar penalmente a esas personas, no a Petro, es obligación de la Fiscalía. Como lo es la de trasladar al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones los resultados de esas investigaciones.
Y eso es lo que tiene muerto del pánico a Petro. Por un lado, porque la Constitución establece que basta con la comprobación del hecho objetivo de la violación de los topes para que se produzca la pérdida del cargo, con independencia de la responsabilidad penal que también pueda haber. Por el otro, porque es nulo el margen de la Comisión de Acusaciones, otrora todo poderosa en estas materias. Probada la violación de los topes, está obligada a proceder contra Petro. Si, además, hay indicios de vulneración del Código Penal, tendrá que activar el procedimiento establecido en la Constitución para el juicio penal al Presidente.
Lo que protege a las instituciones es el cumplimiento de la Constitución y de la ley, no la defensa de la permanencia de Petro en contra de las evidencias. La victimización de Petro, sus ataques a la Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría, y su invitación a la “movilización popular" muestran una ruta similar a la de Pedro Castilla, la del autogolpe. O al menos el desconocimiento flagrante de la institucionalidad democrática. En ambos casos, me temo, el resultado será el mismo que en el Perú: la salida del cargo y, todo parece indicarlo, la cárcel.
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