El Departamento Administrativo de la Presidencia, sacó una “encuesta” donde la mayoría de los ciudadanos del país, 49%, apoyan la administración del presidente Petro y sus propuestas de “cambio”.
Dapre-na que una entidad del estado, que se paga con los impuestos de los colombianos se utilice para hacer publicidad, tipo fake news. El primer requisito para darle alguna validez a una encuesta es que el encuestador sea objetivo, es decir, no tenga intereses en el resultado de una encuesta, lo cual obviamente no es el caso del DAPRE, entidad directamente dependiente del presidente de la república y quien nombra o destituye a sus funcionarios. El segundo requisito es que la encuesta se realice con la técnica adecuada: el tamaño de la muestra, el error porcentual con base en la desviación estándar de un sondeo previo, el diseño de la encuesta para que no sesgue la respuesta, la forma de recolección de la información, presencial o virtual, el procesamiento de las respuestas y el análisis cruzado de las mismas. Si eso hace el DAPRE, debería llamarse Departamento Administrativo de Sondeos y Encuestas. Con esa encuesta podemos afirmar que Petro dice que a Petro lo apoya la mayoría y usando el presupuesto público.
Dapre-reza el precedente que esto representa, cuando el gasto público se pone al servicio de una persona ególatra y radical y no a cubrir las funciones de un estado, como la seguridad, hoy destrozada. Eso hace recordar los regímenes autocráticos de la Cortina de Hierro, Cuba o Corea del Norte, donde el dinero no se utilizó para atender el desarrollo económico y el suministro de servicios a la población, sino a publicitar su “paraíso socialista” y financiar cuerpos de seguridad y milicias que neutralicen a los contradictores, con unas fuerzas armadas y de policía cooptadas por un modelo de estado que las convierte en mercenarias. Y eso se vio con la marcha “popular” financiada por el gobierno del pasado 27 de septiembre que concluyó con un ataque de la Primera Línea Indigena a la sede de la revista Semana. ¿Será coincidencia que cada vez que Gustavo Bolívar está en esas manifestaciones se activa la violencia de la Primera Línea, ahora financiada con recursos del estado, no de organizaciones narcoterroristas como en el “brote popular” que tan mal manejó el tibio de Ivan Duque?
Dapre-plejidad el silencio de los poderes públicos, Legislativo y Judicial, y de los órganos nacionales de control ante el “uso privativo” del presupuesto nacional en una “cruzada” destinada a acabar con el estado de derecho e imponer el “poder popular” que conocemos del gobierno Chávez de Venezuela. En alianza con organismos multilaterales ideologizados, el gobierno Petro quiere neutralizar la ley colombiana supeditándola a sus intereses, según interpretación de juristas con orden de captura internacional vigente como el ministro de Defensa (de defensa del modelo Petro, no del país).
Un reciente artículo de Foreign Affairs llamado “el aumento de la corrupción estratégica” toca un tema sensible. Los autores mencionan tres tipos de corrupción, dos de las cuales son crónicas en Colombia: la corrupción burocrática, la coima que se pide para cualquier trámite ante el estado y la gran corrupción, que ocurre cuando líderes empresariales pagan a funcionarios del estado por obtener ventajas de mercado vía “legislación” que cree posición dominante, posición oligopólica o monopólica en el mercado. La corrupción estratégica es cuando estados extranjeros (se sabe Rusia y China, aunque hay más) u organismos multilaterales con agenda política vinculada a esos estados, influyen con dinero, lobby o presión internacional para intervenir en los asuntos internos de otro estado. Es el caso del Foro de Sao Paulo que logró llevar al poder a la izquierda en América Latina.
Los autores no mencionan el narcoestado, estado capturado por el crimen organizado, pues ese parece haberse enquistado en América Latina, principalmente en la región andina, liderando Venezuela y Colombia queriendo hacer el narco-cambio. Dapre-sar donde llegamos y dapre-dra aceptarlo tibiamente.
