Esta semana la misión de verificación del acuerdo de paz con las FARC presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU su primer informe del 2024. Sin duda el involucramiento efectivo de la comunidad internacional ha sido esencial para preservar el espíritu del acuerdo y permitió además que en momentos difíciles,durante el mandato de Duque,se neutralizaran las intenciones del gobierno de entonces de hacer trizas La Paz. Basta recordar la firme posición de distintos actores internacionales en contra de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.
En esta ocasión el reciente informe se refiere al último trimestre del 2023, que a su vez es el primer año completo del mandato Petro.Ya no se pueden echar las culpas al gobierno anterior. En el extenso y detallado documento se destacan avances importantes en la reforma rural integral,con el compromiso presidencial de adjudicar y formalizar tierras a campesinos y la aprobación en el Congreso de la jurisdicción agraria. Igualmente se resaltan las distintas decisiones adoptadas por la JEP y la consolidación en algunos espacios territoriales de proyectos productivos para los excombatientes de las antiguas FARC. Son muchos los aspectos de los que se ocupa el informe,que tiene 111 puntos.Sin embargo,de una lectura integral,se podría afirmar que son 3 los grandes retos en el 2024: La protección de la vida de líderes sociales y firmantes,la imposición de las primeras sanciones por parte de la JEP a excombatientes de las FARC y agentes del estado y el efectivo cumplimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial en los 170 municipios PDETS.
En cuanto al primer desafío es evidente que si tuviéramos que escoger el principal lunar en la implementación del acuerdo de paz,este sería la incapacidad del estado para proteger la vida de líderes y firmantes.Los actores armados ilegales continuan asesinando defensores de derechos humanos,líderes comunitarios y ambientales. En el 2023 superamos la cifra de los 400 ex combatientes asesinados desde la firma del acuerdo y persiste la ola de violencia contra líderes sociales.Los mecanismos contemplados en el propio acuerdo no funcionan y crece la sensación de impotencia del estado frente a un flagelo del cual los principales responsables son las disidencias de las FARC, que traicionaron el acuerdo y hoy se sientan a conversar con el gobierno sin que se les exija que paren sus crímenes.
El segundo reto es el de las condenas y sanciones efectivas de la JEP. El sistema de justicia transicional ha sido eje fundamental del acuerdo. Las audiencias públicas sobre falsos positivos y secuestros han permitido que el país conozca dolorosas verdades y que sus autores reconozcan su responsabilidad y pidan perdón.El trabajo de la JEP frente a los cientos de miles de violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por las FARC y por agentes del estado es impresionante. Pero los colombianos con razón esperan que este año se impongan las primeras sanciones a los máximos responsables de estos crímenes.
Y finalmente,la situación para La Paz territorial en los 170 municipios PDETS. Han pasado 5 años desde que se formularon los planes de inversión en esas zonas y hasta el momento los resultados son pobres.Muchos recursos se han perdido entre el centralismo y la corrupción.Si no se logra avanzar en este frente,no seremos capaces de implementar el acuerdo para los 50 millones de compatriotas y no solo los 13.000 ex combatientes. Tampoco será posible consolidar procesos de paz con los grupos que hoy conversan con el estado.
Ojalá en el 2024 el gobierno se apersone de estas tareas y recupere el tiempo perdido para cumplir con los retos pendientes. En marzo del año anterior anunció el restablecimiento de la Consejería del Posconflicto para liderar esos propósitos. Se va a cumplir un año y aún no se materializa esa decisión. Esa no es una buena señal de la voluntad presidencial de implementar el acuerdo.
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