Creo no equivocarme si afirmo que una considerable porción de colombianos el pasado martes estaban angustiados esperando que se cumpliera lo que se daba por hecho días antes: el hundimiento del proyecto de ley que, según el gobierno y lo dice el mismo proyecto, “transforma la salud”, cuando lo cierto es que le da una voltereta total, al estatizarla totalmente, es decir, que el recaudo completo lo hace el gobierno central y la prestación del servicio aún es incierto.
Con lo sucedido, y teniendo en cuenta la orden del gobierno de intervenir administrativamente a través de la Superintendencia de Salud varias Empresas Promotoras de Salud - EPS -, el gobierno puede volver a presentar el proyecto el próximo 20 de julio y, además, tiene seis (06) meses y los del nuevo trámite para demostrar a los colombianos escépticos las bondades que predica de su sistema de salud a implementar. En este término se sabrá quién ha emitido juicios acertados, y los opositores, con toda razón y derecho, estarán a la expectativa de su implementación para llenarse de argumentos válidos o reforzar los expuestos en estos meses agotadores.
Desde que se inició el trámite del proyecto de ley se indicó por juristas que el trámite válido de un proyecto de ley que toca el tema de la salud no puede ser el de una ley ordinaria, sino estatutaria. A renglón seguido, los “científicos” del gobierno se exasperaron y ofendieron, luego dijeron, como si ese fuera el remedio, que le retirarían al proyecto las normas que obligaban a darle el trámite estatutario. Al señor presidente se le recordó recientemente que cuando en la administración anterior, en razón de urgencias para reactivar la economía luego de la pandemia Covid-19, el Congreso aprobó la reforma de ley de garantías por vía ordinaria, y el señor presidente, entonces senador, criticó que se reformara esta ley estatutaria por medio de una ley ordinaria.. En la administración anterior era urgencia nacional y ahora es capricho personal e ideológico. En fin, lo cierto es que la “toma” de las EPS es un desquite del Ejecutivo y no tiene soporte válido, pura especulación, lo mismo que no pudo presentar el aval fiscal del Ministerio de Hacienda durante su trámite. La Procuraduría en su inspección comprobó que la Superintendencia de Salud no tiene expedientes de las intervenciones realizadas. Este sistema de “territorios saludables” y “modelo de salud preventivo” el presidente ya lo implementó en Bogotá cuando era su alcalde, pero, él mismo lo reconoció luego, era insostenible por falta de respaldo legal. En sus pretensiones como presidente le falta la ley estatutaria. Con medidas administrativas difícilmente se puede reorganizar el sistema de salud.
Si el gobierno nacional decide presentar de nuevo el proyecto de ley estatutaria de “transformación” de la salud, quienes deben estar temblando, entre otros, son los maestros, FECODE, porque les quieren cambiar el régimen especial que tienen en salud del que gozan hace 35 años. El presidente insistirá. Además, y en otro aspecto, la ley de reforma pensional elimina la prima de navidad para todos los pensionados de Colombia, que también los afecta.
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