Mientras en La Habana las partes implicadas en el proceso de Paz cada vez parecen más cercanos y de acuerdo en temas definitivos, en Colombia la interpretación de estos acuerdos ha llevado a la opinión pública a una franca división en cuanto a aceptar lo acordado, y según reciente encuesta Gallup, el porcentaje que rechaza este proceso se acerca al 60%.
Adicionalmente el rechazo a la gestión del presidente Santos se acerca al 70%, lo que parece ir de la mano de esta inexorable tendencia.
La lectura que se puede dar a lo anterior va de la mano por supuesto y sin duda alguna a la polarización que ha generado el tema, y de manera sorprendente quien parece querer ahondar la zanja de la división es el mismo gobierno y su aliada la Fiscalía, en el ánimo de llegar a un acuerdo pasando por encima de los mínimos aceptables de Justicia y Reparación para las víctimas, como bien lo denuncio Human Rigths Watch, al decir que la Justicia Transicional se va a convertir en una “Piñata de impunidad”.
Que lo diga una ONG de la talla de HRW no es de poca monta, y tampoco se le puede acusar de extrema derecha al señor Vivanco para descalificar sus advertencias, pero es que lo acordado presenta tanta ambigüedad jurídica, que el temor es palpable tanto en el ciudadano común, como en personas que saben del tema como el expresidente Pastrana, y calificados periodistas como María Isabel Rueda y Mauricio Vargas.
Ni que decir por supuesto, del principal partido de oposición en Colombia, el Centro Democrático, que de manera insistente e inútil a oídos de la coalición de gobierno, ha reiterado múltiples dudas absolutamente válidas a tanto interrogante.
Sin embargo, esta solicitud legítima de explicaciones al gobierno, ha hecho que este mismo se desentienda de manera despreciativa de un clamor que está próximo a ser nacional, y ha echado por la calle de en medio, desconociendo la realidad de una opinión pública cada vez más cansada y desatendida, como si la única realidad fuera satisfacer todos los deseos judiciales, políticos y de ansias de poder de una guerrilla de las Farc desafiante con las víctimas, con el gobierno y con el pueblo colombiano, agravado todo esto por la que parece ser una actitud peligrosamente complaciente de parte del Ministerio de Defensa como bien lo leyó la Procuraduría al iniciar sendas investigaciones contras sus funcionarios, por un posible despeje ilegal del territorio patrio.
Lo que va quedando de todo esta realidad es una sensación de inseguridad y temor por el futuro institucional del país, por la seguridad jurídica y laboral de muchos compatriotas, por la cercana nefasta realidad de parecernos al vecino de al lado, en medio de un mar de noticias apabullantes de corrupción rampante en todos los niveles del Estado, por la inminencia de un racionamiento eléctrico, no del todo causado por el clima, y sí mucho por las pésimas políticas energéticas de unas autoridades irresponsables que durante dos décadas nos cobraron la tasa de “confiabilidad eléctrica” y por lo menos, esa platica se perdió.
Fueron casi 8 mil millones de dólares, pero aun así el sistema energético del país está a punto de colapsar, y ya estamos perdiendo soberanía energética pues empezamos a depender de nuestros no muy amables vecinos Ecuador y Venezuela.
Y para no dejar de poner la cereza al pastel, esta semana la Fiscalía muy cercana al Presidente y a las Farc, en una discutida pero si autoritaria medida, pone preso al hermano del ex presidente Uribe, su principal contradictor, quien independiente de si hay o no razones valederas para ello, cuando no parece haberlas, termina de profundizar la zanja de dos posturas que ahora sí parecen completamente irreconciliables. Mucho beso y abrazo con la guerrilla en la Habana, mientras 48 millones de colombianos nos sentimos cada vez más lejos de una Paz excluyente que parece pactada para Santos, sus aliados de la mermelada, las Farc y pare de contar.
