El Estado está en mora de producir un replanteamiento de fondo en la aplicación del impuesto predial.

Actualmente se autoriza a los concejos municipales para fijar tasas que van entre un 6 y un 11 por mil, lo que para muchos propietarios constituye una suma gravosa que deja a las familias en serios aprietos para poder sufragar esta contribución.

La inmensa mayoría de los colombianos que han alcanzado a adquirir una vivienda, por lo general la están pagando en plazos que pueden ir hasta los 20 años, situación que deja a esas personas en condiciones apremiantes para tener que deducir de su sueldo mensual la cuota de amortización del crédito. A ello debemos sumarle el recibo anual del impuesto, que por lo general está muy por encima del equivalente a un salario mensual del afectado, lo que ocasiona un golpe fuerte a las finanzas de cualquier hogar.

Pero debemos pensar también en los pensionados, que automáticamente quedan devengando un 75% del sueldo acostumbrado, con iguales obligaciones frente al sustento diario, acrecentadas también por el deterioro progresivo de su salud.

Y ni hablar de los desempleados, que de inmediato quedan en la calle llenos de gastos y sin contar con ningún ingreso para poderlos soportar, en donde resulta injusto que tengan que pagar impuestos de su morada, sin tener de donde asumirlos.

Ante este panorama, es necesario diseñar un sistema de equidad, que permita el cobro de una suma razonable, de acuerdo a las condiciones del respectivo propietario y a su cuadro familiar, pues el Estado no puede ser indiferente, frente a un mandato constitucional que ordena la implantación de un Estado Social de Derecho, en donde los más débiles tienen que tener un esquema de protección que les permita afrontar la vida dignamente.

Pero a todo lo anterior, hay que sumarle el desestímulo en la inversión, pues unas altas tasas contributivas, llevan a que la rentabilidad sea precaria, lo que hace que las viviendas para la renta no sean suficientes, afectando de esta manera el costo de los arrendamientos, es decir, la carga para los que no han podido acceder al esquema de propiedad de su vivienda.

Todo esto constituye un debate aplazado por años, en donde es urgente que se aborde con la mayor responsabilidad y dentro de los criterios de una clara equidad.