Colombia celebra 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991 y la pregunta que la mayoría se hace es por qué, a pesar de ese histórico pacto político que nos cambió la vida, seguimos matándonos, polarizados, sumidos en la pobreza y la violencia, fracturados como sociedad y con la democracia arrinconada por el populismo y el autoritarismo.

La respuesta es sencilla: la Constitución es un contrato social que necesita desarrollarse y cumplirse, para arrebatar el manejo de las decisiones trascendentales a una clase política desconectada de la sociedad y dándole el poder a la gente para que apruebe en las urnas las grandes reformas sociales aplazadas por décadas. Reformar para unir al país antes de lanzarnos al precipicio de una campaña electoral que basculará entre los extremismos. Hora de diálogo, acuerdos y consensos. Hora de alta política ciudadana y no de baja política electoral.

Esas reformas sociales no llegarán por arte de magia, ni por acto caritativo de la élite política, ni podrán ser monopolio de un grupo político o de un candidato buscando réditos electorales. Llegarán por la decisión pacífica y colectiva de la gente, la misma que se ha hecho oír en las calles; de los jóvenes que han alzado su voz para exigir espacios para decidir su futuro, de las organizaciones sociales que día a día se juegan la vida frente a las amenazas de los violentos; o de los empresarios que se sienten asfixiados ante la imposibilidad de crecer, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Hoy se hace necesario un nuevo consenso alrededor de una idea que una a Colombia para defender la democracia y construir un mejor mañana luchando contra la desigualdad que es la falla geológica del sistema político. La solución es una consulta popular que defina un nuevo rumbo para la nación, rompa la indiferencia de muchos y saque al país del estado de pesimismo en que se halla. El país necesita una inyección de esperanza y optimismo, una vacuna que venga de la deliberación ciudadana y apunte sin mesianismos a construir colectivamente la agenda social que Colombia unida reclama. 

La consulta popular, como una salida democrática propuesta para la próxima jornada electoral del 28 de noviembre, en la que se elegirán los consejos municipales de juventud, exige que los colombianos aprovechemos esas urnas abiertas para hacer pedagogía participativa sobre las diez preguntas que se pondrán a consideración de los colombianos, demostrando una vez más nuestra capacidad de reforma en tiempos de crisis. Cada pregunta implicará profundas transformaciones sociales y económicas que contribuyan a desactivar la crisis actual.

Esta consulta popular de iniciativa ciudadana será el gran legado de los jóvenes, treinta años después de la épica historia protagonizada por los estudiantes de la Séptima Papeleta que hizo posible la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución. Pero también, el sello de los empresarios, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, las mujeres, las víctimas y las organizaciones sociales, que sienten que el diálogo social está bloqueado y se ahogan las oportunidades para materializar el cambio y hacer posible un nuevo país.

La consulta popular es la oportunidad histórica para trazarle una ruta social a Colombia para las próximas décadas, que deberá ser un mandato ciudadano suprapartidista a implementar por el próximo Gobierno y Congreso a elegir en 2022. Es tiempo de grandeza y de facilitar esta idea para que el Gobierno y la Registraduría entreguen todas las garantías para que este proceso involucre a todos los colombianos. Como en los momentos más críticos de nuestra historia reciente, los ciudadanos tienen de nuevo la palabra.

(*)Exprocurador General y 

constituyente de 1991

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