El Catatumbo debiera ser una despensa agropecuaria de Colombia, con un óptimo aprovechamiento de sus recursos naturales, de su ubicación geográfica en Norte Santander y la capacidad laboral de sus habitantes. Reúne positivas condiciones para que su desarrollo sea de crecimiento y alcance niveles de productividad y genere riqueza sostenible para el bienestar social de todos, en una articulación libre de discriminaciones como garantía de unidad en función de la convivencia, el reconocimiento y aplicación de derechos y de la paz. Es la vida en su expresión fundamental de enaltecimiento y no utopía inalcanzable.
Pero esa posibilidad, sin duda viable, está arrinconada por los actores de un conflicto armado depredador de vidas y recursos. Un conflicto armado que le apuesta al extremismo criminal y rechaza soluciones para los problemas que se acumulan y se convierten en brechas de muerte atroz, desaparición forzada, desplazamiento, pobreza extrema y desbordamiento del narcotráfico convertido en fuente de riqueza para las mafias locales y las provenientes de los carteles transnacionales, con capacidad hasta de influir en algunos negocios y hasta en la política con la complicidad de cipayos dedicados al a la corrupción en todas sus formas de envilecimiento.
El gobierno parece no haber dimensionado la gravedad de la violencia que ha copado el Catatumbo. La respuesta oficial a las escaladas de los grupos armados es errática. Frente a los golpes recurrentes de los actores armados se convoca a consejos de seguridad que no resuelven nada. La rutina es disponer el aumento del pie de fuerza y ofrecer recompensa en dinero, que son recursos de dudosa destinación, dada la falta de transparencia sobre su manejo. Tal confusión es el resultado de la recortada visión y de la insuficiente información del ministro de defensa, Diego Molano, quien, además, se disculpa responsabilizando de los hechos al gobierno de Venezuela, como si el de Colombia no tuviera la competencia de garantizar la seguridad.
La violencia de los grupos armados ilegales en el Catatumbo trasciende ese espacio territorial y se extiende al resto de Norte Santander. Cúcuta está afectada por las operaciones de fuerza de las guerrillas y de los paramilitares. Los hechos de la Brigada 30, el atentado contra el helicóptero en que viajaba el presidente Duque entre Sardinata y Cúcuta, las bombas que explotaron en el aeropuerto Camilo Daza causándole la muerte a dos oficiales de la Policía, más los otros actos de agresión, forman una cadena de ataques desafiantes. Lo cual impone una salida de paz, que se debe asumir sin prejuicios. No puede seguir el departamento sometido a la tiranía de la cotidiana zozobra o a esa tormenta de fuego que anula todo lo positivo que puede ofrecer la existencia humana.
Puntada
En las elecciones de este 2022 los colombianos tienen la posibilidad, con su voto, de abrir el camino hacia soluciones que le pongan fin a tantos desvíos consentidos.
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