Ya son casi dos décadas de la creación e implementación de la famosa ley 100 que modificó el sistema de la salud de los colombianos. De un estado paternalista que intentaba cubrir la salud de sus gobernados con migajas del presupuesto administradas por los depredadores regionales de turno, se pasó a la intermediación de los recursos.

Los mismos avispados que diseñaron la ley corrieron a montar las empresas que se encargarían de acaparar y administrar dichos recursos. Son empresas privadas que reciben ingentes cantidades de dinero sacados de los esfuerzos de los trabajadores y  sumados a los que el estado desembolsa con estrategia calculada.

Se suponía que la idea era que dichas empresas se encargaran de prestar salud y bienestar a los gobernados. Es decir, el estado se desencartó. 

Los voraces manejadores de los recursos no demoraron, era previsible, en desviar hacia sus propios bolsillos la marejada que se vino encima. No demoraron en aparecer grandes inversiones en la construcción de lujosos condominios y otras tantas extravagancias que no solo menguaron la calidad del servicio sino que convirtieron el negocio de la salud en un absurdo y desastroso monopolio.

Saludcoop se convirtió en el monstruo que devoró y manejó a su antojo la salud de los colombianos. Ya se  conoce la triste historia de su trasegar delincuencial que terminó en exhaustivas investigaciones y sindicaciones rocambolescas; uno de sus principales secuaces (escondido y huyendo) alcanzó a engordar sus cuentas bancarias para pagar su inmerecida libertad.

La triste historia de la ley 100 de la salud acaba de recibir otro lamentable mazazo con la liquidación de otro de sus monstruos. Coomeva quedará como otro triste ejemplo de lo que no se puede hacer con los recursos de la salud. Se lavará las manos el gobierno diciendo que no es su culpa mientras miles de compatriotas quedarán colgando en el aire esperando que los depredadores, ya aceptando la culpa, queden tranquilos pensando en las suculentas inversiones que les permitió la plata de la salud de los colombianos.

La liquidación simple y llanamente es una parte del macabro pacto entre gobierno y los voraces administradores de los recursos. Repartirá a los “clientes” en las diferentes empresas prestadoras y se lavará las manos.