El mundo agrario y el campesinado han sido históricamente ‘olvidados’ por los gobiernos colombianos, desde comienzos del siglo pasado. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el contexto de la denominada ‘república liberal’, con la Ley 200 de 1936, también conocida como ley de tierras, se trató de dar respuesta a la conflictividad agraria de la época, priorizando titulación de tierras, resolviendo enfrentamientos entre colonos y reales o supuestos propietarios de tierras y saldando tensiones al interior de las haciendas con los aparceros. Posteriormente la política agraria entró en un período de letargo y retroceso. Luego en los años 60s, la década de ‘leyes de reforma agraria’ y especialmente en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, quien había sido inicialmente el ponente de la Ley 135 de 1961 de Reforma Social Agraria, hubo un intento por hacer algo de reforma agraria, pero la fórmula que había viabilizado la aprobación de la Ley 135, fue la misma que impidió su aplicación: sólo se podrán expropiar para efectos de reforma agraria, aquellas tierras que no estén adecuadamente explotadas y quién y cómo definir esto fue el gran campo de controversia, desplazado por los propietarios de tierra a los estrados judiciales. Ni siquiera la Ley 1 de 1968 aprobada en este cuatrienio logró darle salida a la posibilidad de hacer efectivamente reforma agraria –modificar la estructura de la propiedad agraria en el país-.
En los años 70s, durante el gobierno de Alfonso López Michelsen y en el marco de Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y luego que hubiera tenido su período de auge en las luchas por la tierra la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), el DRI va a darle prioridad al desarrollo rural, importante para los pequeños y medianos campesinos que tuvieran un pedazo de tierra, en la medida en que el DRI los apoyaba con crédito de la Caja Agraria, asistencia técnica del ICA, capacitación del SENA, programas de reforestación a cargo del Inderena, apoyo en la organización para el mercadeo por CECORA y un componente de apoyo a la infraestructura vial y de tipo social. Pero el tema de la tierra estaba excluido del mismo. En el gobierno de Juan Manuel Santos, con la Ley de restitución de tierras y de víctimas hubo un esfuerzo por retomar el tema de la tierra por la vía de restituir las tierras despojadas con mecanismos como el desplazamiento forzado.
Ahora el gobierno de Gustavo Petro retoma el compromiso de implementar en su integridad el Acuerdo de La Habana y en especial el punto de Reforma Rural Integral que incluye, partiendo de la clarificación de la propiedad y el uso de la tierra con la elaboración del catastro multipropósito, un componente de titulación de tierras, asignación de tierras a campesinos que las necesiten para trabajarlas, apoyo a la producción agropecuaria, especialmente pequeña y mediana; el tema agrario y el campesinado vuelven a ser protagonistas. El acuerdo del gobierno Petro con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas de buena calidad para ser asignadas a campesinos con vocación productiva y la decisión del Presidente Petro de cumplirle al campesinado así como la presencia de la Ministra Cecilia López al frente del Ministerio y de destacados investigadores agrarios, dan un margen de confianza que en esta ocasión se les va a cumplir en una proporción importante a los campesinos y nuestro país podrá volver a ser un gran productor de alimentos, no sólo para autoabastecernos, sino también para abastecer en algunos productos a mercados externos, seguramente de la región.
Queda pendiente que se consolide el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.
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