Si la paz se firma pronto, como la inmensa mayoría de los colombianos deseamos, no podemos olvidar que ella tendrá un costo presupuestal importante. Tampoco pueden olvidarlo las autoridades presupuestales, en especial el Ministerio de Hacienda, que hasta el momento poco o nada han previsto para financiar la paz.

Estamos entrando en la recta final de las conversaciones de La Habana con la chequera vacía. Corriendo el grave riesgo de no poder cumplir con los compromisos adquiridos o en vía de adquirirse.

La elemental consideración de que –así sean altos los costos de la paz serán siempre menores que los de la guerra— debería hacer más receptivo al Ministerio de Hacienda sobre esta realidad.

Tres ejemplos ilustran esta voz de alerta, ahora cuando están próximos a empezar a correr los taxímetros de la paz.

En primer lugar, el acuerdo sobre el posconflicto rural contenido en el acuerdo ya firmado del punto número uno de la agenda de La Habana.

Según cálculos elaborados por Fedesarrollo para la Misión Rural será necesario, para cumplirlo honorablemente, invertir anualmente no menos de un punto del PIB por año, lo que equivale a ocho billones de pesos. Nada de eso está presupuestado. Y estamos, supuestamente, en vísperas de empezar el posconflicto.

En segundo lugar, según noticias que aparecieron la semana pasada, el sólo montaje de la jurisdicción especial de la paz, que se ha previsto dentro del esquema de la justicia transicional, costaría alrededor de dos billones de pesos. Tampoco hay en el presupuesto nacional previsto un centavo para tal efecto.

Y esto sin contar con la congestión monumental que se puede crear en esta jurisdicción especial de la paz. El magistrado Néstor Raúl Correa ha descrito bien lo que puede suceder: “A este tribunal con tan pocos integrantes le va a quedar imposible tomar la versión y notificar a 10.000 guerrilleros dispersados en lo largo y ancho del territorio nacional, y no puede traer 10.000 guerrilleros a Bogotá para que hagan fila y escucharlos, porque no acabaría nunca”.

Y queda, en tercer lugar, el enorme interrogante de quién deberá resarcir a las víctimas. ¿Los victimarios, o sea las Farc, como sería lo lógico? ¿O el Estado, como no sería lógico que sucediera, pero que, infortunadamente, la redacción ambigua del acuerdo suscrito sobre justicia transicional da a entender? Si es esto último, el costo para el erario será descomunal. Casi una bomba de tiempo para la política fiscal del país. Y para lo cual no hay absolutamente nada previsto, hasta el momento.

Los recursos de cooperación internacional que se han estado solicitando plausiblemente para financiar el posconflicto (incluidos los famosos e inciertos 450 millones de dólares solicitados por Obama al congreso de su país, de mayorías republicanas) algo ayudarán cuando aterricen .Y su aterrizaje suele ser demorado. La cooperación internacional financiará apenas una fracción menor del costo del posconflicto. El esfuerzo financiero mayor por la paz lo tenemos y lo debemos hacer los propios colombianos, con nuestros recursos. Es, además, un asunto de dignidad nacional.

Ya sea que se firme la paz en tres semanas o en tres meses, lo cierto es que los taxímetros de la paz están próximos a empezar a marcar. Y esa carrera que, recordémoslo siempre, es más barata que la de la guerra, debemos prepararnos a cancelarla honesta y puntualmente. El tema es muy serio, y no admite darle largas al asunto.