Un grupo social claramente excluido y que ha sido protagonista esencial de las luchas y confrontaciones violentas, hay que decirlo, es el campesinado. Y por supuesto hay que celebrar que en los últimos tiempos y especialmente en el actual gobierno haya voluntad de atender y resolver las demandas de este grupo social.

Las demandas campesinas históricamente han girado alrededor de dos grandes campos, uno, la tierra –titularla o asignarla, para poder trabajar y hacerla central en su proyecto de vida-, dos el desarrollo rural -implica tener crédito, apoyo técnico, canales de comercialización de sus productos, capacitación, infraestructura social y física-.

Esto en las distintas sociedades se ha expresado en dos grandes políticas públicas, la de reforma agraria –implica modificar la estructura de tenencia y propiedad de la tierra- y las de desarrollo rural –fortalecer la capacidad productiva de las familias campesinas y mejorar sus condiciones de vida-, que deberían ser complementarias y no excluyentes, porque en muchos casos se ha demostrado que la tierra por sí sola, siendo un factor productivo fundamental, no resuelve el problema y por supuesto tampoco lo hace sólo el desarrollo rural, que de entrada excluiría a los millones de campesinos que no tienen tierra.

El actual gobierno y el Acuerdo de Paz colocaron el tema de la tierra como prioridad, lo cual está muy bien, pero debemos destacar que la reforma agraria sólo se puede hacer por dos vías, por expropiaciones y esto sólo es viable en regímenes autoritarios –de derecha o de izquierda-, o a través de la utilización del presupuesto nacional para comprar tierra a sus propietarios y asignarla o venderla a los campesinos que la necesiten. Este segundo ha sido el camino asumido por el actual gobierno y hay que destacar la disposición inicial positiva de los ganaderos a vender tierra a los precios comerciales al gobierno y ahí va la política. Pero no olvidemos los procedimientos administrativos –la burocracia dirían otros- que hace lentos en ocasiones el cumplimiento de metas. Y esto puede tener un costo político importante para el gobierno.

Dentro de ese contexto es que debemos situar las convocatorias del gobierno a la movilización campesina, buscando que se conviertan en un factor de presión social y especialmente de apoyo a las políticas del gobierno, sin que esto conlleve innecesarias confrontaciones. Hasta ahí estoy de acuerdo y es válido que se promueva la movilización campesina; recuerden que el presidente Carlos Lleras Restrepo al final de su gobierno promovió la creación de la asociación de usuarios de los servicios del Estado, conocida luego como la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, para buscar un apoyo político a la intención de promover la reforma agraria.

El otro aspecto tiene que ver con la gestión del gobierno en la implementación no sólo de esta política, sino de políticas de desarrollo rural que sean el complemento fundamental de apoyo a los(as) campesinas en sus actividades productivas –ahí debe enfatizarse en hacer una gestión no sólo transparente, sino eficiente-. Esta es tarea fundamental donde sería útil aprender de experiencias del pasado reciente, colocándolas en las especificidades del hoy y el ahora