Razón le asiste a John Jairo Velásquez, mejor conocido como ‘Popeye’, cuando advierte que tiene derecho a aspirar al Senado, si entra en vigencia la justicia transicional pactada entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Popeye fue un delincuente consumado de la peor laya: estuvo al servicio del malhadado Pablo Escobar. Toda suerte de delitos abominables fueron ejecutados por el ciudadano Velásquez, pero no es menos cierto que él pagó su deuda con la justicia y la sociedad: estuvo preso más de 25 años.

La Constitución colombiana dispone que no podrán ser elegidas a cargos de elección popular aquellas personas condenadas a la pena de prisión, excepto por delitos culposos o políticos (en otro artículo, la Carta señala que no habrá penas perpetuas. ¡Tremenda contradicción!) Los miembros visibles de las Farc han sido hallados responsables de crímenes de lesa humanidad, delitos que, de acuerdo con la norma citada, los inhabilita para llegar a la Presidencia, el Congreso y demás corporaciones públicas. 

Sin embargo, las partes han estipulado una salida jurídica para subsanar el asunto, lo que dejaría listas a las Farc para meterse al cotarro político. Los jefes de las Farc no pondrán un pie en una celda, de acuerdo con lo pactado en La Habana. No me opongo a esa posibilidad. De hecho, es la consecuencia lógica, tratándose de una negociación y no de un sometimiento; pero es a todas luces injusto que el resto de colombianos que saldaron sus culpas y cumplieron cabalmente sus condenas privativas de la libertad no tengan la opción de participar en política. Por ello, por ejemplo, todo lo que se les reconozca a las Farc tendrá que dársele a los desmovilizados de las Auc y a los parapolíticos. Un proceso de paz sostenible no puede partir de inconsistentes desigualdades, que de seguro serán caldo de cultivo para más violencia en el futuro.

La discusión estriba en que, mientras Popeye y el resto de delincuentes comunes de Colombia hacen fechorías por plata, Timochenko y compañía albergaban fines altruistas, y estaban guiados por ideas políticas y convicciones ideológicas. Falso: las Farc hace muchos años perdieron el norte y se erigieron como la organización criminal más temible de todos los tiempos. 

Al final, todos son igual de bandidos y asesinos; la diferencia está en que la guerrilla tiene mayor capacidad de intimidación y daño, y por eso se le da un tratamiento especial. Lo demás es paja. De cualquier forma, nada justifica la violencia, mucho menos la política, que en esencia es la búsqueda de consensos. 

La prohibición que estipula que un condenado está inhabilitado para aspirar a cargos de elección popular constituye el reconocimiento expreso de que la resocialización, como fin de la pena, es un rotundo fracaso. 

En los países serios, dicha limitante no existe. Que sean los votantes quienes decidan en las urnas, si le aplican una “condena social” a aquellas personas que cometieron delitos en el pasado, es la mejor manera de saber qué clase de sociedad tenemos.

La ñapa: Sorprende que la más oligarca de los Ministros de Santos que publicaron su patrimonio sea Clara López.