Ante los eventos violentos de las últimas semanas hay dos tipos de preguntas que generalmente se hacen las personas: ¿por qué estamos así? ¿qué se puede hacer? Identificar y responder en detalle la primera pregunta permitirá tener insumos para abordar la segunda.
Me enfocaré en la primera y voy a partir de una premisa básica: la prohibición de las drogas agudiza la violencia en Colombia y no habrá un cambio sustancial en sus dinámicas hasta que el país empiece a hablar de regulación. Mientras eso llega, hay ciertas causas que explican las últimas noticias de violencia.
1. La seguridad no estuvo en la agenda pública del Gobernador Serrano y del alcalde Yañez, los dos principales dirigentes de la región. La Asamblea del departamento y los concejos municipales del Área Metropolitana no plantearon debates de fondo ante los múltiples hechos de violencia de los últimos tres años. Y los alcaldes de los municipios vecinos poco o nada se atrevieron a decir.
2. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Progresar y la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos han denunciado desde finales de 2020 el aumento de grupos armados en la zona rural de Cúcuta y la línea fronteriza. Esto también se expuso en las Alertas Tempranas No. 11 y 35 de la Defensoría del Pueblo y sus Informes de Seguimiento. Para estas denuncias no hubo respuestas precisas y oportunas.
3. El 2021 fue un año particularmente violento en términos de homicidios y atentados terroristas. Este era el escenario propicio para que los congresistas de la región, junto con las autoridades locales, lideraran la discusión nacional que permitiera fortalecer la institucionalidad que responde a los problemas de seguridad. No lo hicieron en ese momento y acudieron a los frecuentes consejos de seguridad, a los que no se les hace seguimiento y control.
4. El anterior Gobierno Nacional no tuvo una política de paz y ni fue clara su estrategia de seguridad ciudadana. El Gobierno actual le apostó a una política de paz total que se ha caracterizado por la improvisación, que puede generar grandes decepciones en el corto plazo y que aún no se pone en marcha en las regiones del país. Y de seguridad ciudadana, aún no ha empezado a hablar.
5. La geografía de la frontera limita la actuación de las instituciones públicas que, habiendo pasado cinco meses desde su apertura formal, no han establecido canales de comunicación y estrategias de cooperación en contra de la delincuencia común organizada. A lo largo de la línea fronteriza hay grupos que se lucran del control territorial que no ejercen los estados colombiano y venezolano. Lo grave de esto es que ya han ganado amplio terreno en la zona urbana.
6. Las extorsiones, los homicidios y los hechos de terror recientes en la ciudad reflejan años de inacción en el que las autoridades únicamente responden a golpes de opinión que generan los hechos violentos, pero no se lidera una discusión ni se cumplen los proyectos de seguridad. Mucho menos pensar en planes conjuntos que permitan abordar el problema del Área Metropolitana a corto y mediano plazo.
Por esto resulta ingenuo asignar toda la responsabilidad de los eventos violentos de los últimos días a una sola institución o, peor aún, a unas cuantas personas. Comprender por qué estamos así, permite saber que, si no asumimos el debate de seguridad más allá de la coyuntura electoral, es probable que en dos o cuatro años estemos pidiendo nuevamente auxilio por el aumento de la violencia sin percibir soluciones de fondo.
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