Me queda una conclusión luego de ver el debate que se llevó a cabo la semana pasada en torno a la seguridad de Cúcuta, con 7 de las 16 candidaturas a la Alcaldía: para los candidatos que participaron, la compleja situación se resuelve con la fórmula de más policías, más cárceles, más cámaras de seguridad. Aunque en algunas excepciones se mencionó la necesidad de vinculación laboral y educativa de jóvenes en escenarios de alto riesgo de ser reclutados por grupos al margen de la ley, el modelo de “mano dura” retiene su centralidad para explicar qué ocurre en la ciudad, porqué ocurre, cómo ocurre y cómo debe responderse.
Sus certezas me dejan varias preguntas, candidatos: ¿cómo y con quiénes se construyeron esas propuestas? ¿Qué participación tuvieron grupos sociales como jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, liderazgos comunales, defensores de derechos humanos, vendedores informales, migrantes provenientes de Venezuela y personas sin techo? Fundamentalmente, ¿qué entienden por seguridad? ¿Cómo y para quién? Escuchándoles, pensaba que muchas de las propuestas no son novedosas, han sido probadas en mayor o menor grado en la ciudad con resultados contrarios a lo que se esperaba. La “mano dura”, que se traduce en políticas represivas, un quebrantamiento de las comunidades y del estado de derecho, ha sido el fundamento para la persecución de las personas más vulnerables, como las mencionadas al inicio, por parte de grupos armados y organizaciones criminales bajo la lógica de representar una amenaza al orden social.
Paralelamente, se ha denunciado la desprotección y revictimización sistemática por parte de la Policía Metropolitana quienes, teniendo conocimiento de muchos hechos, no los previenen ni atienden las denuncias de las víctimas, alimentando la impunidad y facilitando el abuso de poder. Todo esto ya ha sido investigado a profundidad por organizaciones locales y nacionales, les recomiendo revisar informes del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, la Fundación Progresar, el CPDH, Caribe Afirmativo y la Fundación PARES, entre tantos.
Aún más alarmantes son las propuestas de algunos candidatos de intensificar la persecución y criminalización de personas habitantes de calle, la vinculación de civiles en funciones de seguridad por medio de frentes de vigilancia contra el crimen y la replica del modelo carcelario de Nayib Bukele. Seguramente, la gobernanza de los territorios requiere aprender a escuchar las voces de quienes reconocen la complejidad de lo vivido, a reconocer la memoria que dejan los errores del pasado y su impacto tan siniestro sobre la vida, como la capacidad imaginativa para construir soluciones multidimensionales que rompan la cadena de garrote y refritos que nuestro territorio ha acuerpado por suficiente tiempo. En mi próxima columna ahondaré sobre un enfoque feminista de seguridad y cómo podría beneficiar la ciudad.
