Es bien conocida la diáspora venezolana, empujada por las condiciones de vida que cambiaron en sentido negativo para los habitantes de ese país y que nosotros en la zona de frontera no solo hemos conocido sino sentido, por aquí pasan o se quedan entre nosotros los migrantes. Todo ello ha ocurrido desde cuando llegó al poder el comandante que prometió el cambio y cumplió con esa promesa, porque sumió a su país y su gente en una condición deplorable que les dejó como opción propicia el marcharse a otro país.
Esa misma condición se ha mantenido todos estos años gracias a la reelección amañada primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. El juego democrático no ha sido claro durante los comicios por los fuertes indicios de fraude, precedidos de maniobras que dejaron por fuera a los contrincantes que pudieran ganarles. Una de las consecuencias de ello ha sido el bloqueo impuesto por Estados Unidos que a su vez ha sido aprovechado por el régimen para culpar de sus desgracias al imperio norteamericano.
Las conversaciones entre el gobierno y los representantes de la oposición se han dado en diversos escenarios tratando de llegar a puntos coincidentes que sean de beneficio para el país con una economía cada vez más dolarizada que, cerró el año anterior con una inflación de 189.8% según fuentes del Banco Central. La última ronda de encuentros en Barbados el mes de octubre el año pasado culminó con acuerdos a los cuales se comprometieron los firmantes. Incluyen una ruta que debe terminar con elecciones presidenciales libres en el segundo semestre de este año en una fecha todavía por definir, además una actualización exhaustiva del registro electoral que incluya a los venezolanos que han emigrado y el Consejo Nacional Electoral invite a misiones internacionales de observación para supervisar las elecciones, tales como la Unión Europea, la ONU y la Unión Africana.
También el acuerdo reconoce el derecho a cada parte para elegir su candidato según el mecanismo que escoja. Por el chavismo, sin tanto que escoger, Maduro estará en el partidor y en las primarias de la oposición fue elegida María Corina Machado por una amplia mayoría. En junio de 2022 la Contraloría General de la República reafirmó una prohibición que le impide presentarse como candidata y enero de 2024 el Tribunal Supremo de Venezuela sentenció: “La ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años” Esto se ha considerado como un claro desacato al pacto de Barbados.
En un intento por destrabar esta situación la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la exparlamentaria colombiana Juanita Gubertus, considerando que la conducta del gobierno de Venezuela es contraria al derecho al voto y sabiendo que el presidente Petro tiene un acceso privilegiado al presidente Maduro, le ha pedido que lo use para lograr la habilitación de la candidata opositora y establecer un calendario electoral, ante lo cual Petro ha guardado estratégico silencio. La dirigente de HRW le ha pedido a nuestro mandatario que sea coherente, así como cuando Pedro Castillo en Perú fue destituido, en ese entonces su manifestación fue inmediata. Entre tanto, la Unión Europea exigió a Maduro que respete el acuerdo de Barbados.
Preguntas: ¿Intervendrá nuestro presidente para que haya elecciones con garantías para todos los venezolanos? ¿Actuará en favor de la democracia que tanto invoca cuando le conviene? En esta ocasión le conviene a Venezuela que se merece otra suerte y otro gobernante diferente al que se atornilló al poder.
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