La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en atención al daño patrimonial que se pudo dar en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (Cdi) de Cormoranes, en contra de los contratistas de la obra, los representantes de las entidades municipales involucradas en las contrataciones, y los supervisores de la obra.
En el documento precisa que hay 12 personas las que serán llamadas por el órgano de control a dar su libre versión.
Los señalados son: Germán Colmenares Rojas, en su calidad de contratista para la época de los hechos; Guzmán Pérez Gómez, contratista; Construyendo Ideas Ltda, representada legalmente por José Alba Rico; Irly Sandoval Pacheco, secretaria del despacho Área Dirección Fortalecimiento Corporativo; Jimy Galán Villamizar, secretario de Despacho Área
Dirección Fortalecimiento Corporativo; Juan Sierra Castellanos, secretario de infraestructura; Guillermo Ortiz Gómez, supervisor; José Edgar Caicedo, supervisor; Oswaldo Grajales Rojas, secretario de infraestructura; Donamaris Ramírez Paris, alcalde 2012-2015; Jhonny Pascual Contreras, actual secretario de Infraestructura, y César Omar Rojas, alcalde.
Además, vincula en calidad de terceros civilmentes responsables a aseguradoras que expidieron cinco pólizas que amparan la construcción del Cdi, hoy en ruinas.
La inversión fue de 4.826.544.809 pesos y el contratista, la Unión Temporal CDI. Estos recursos corresponden a dos contratos firmados en 2013 y cuatro firmados en 2015.
Esta inversión no incluye los dineros que se invirtieron en los estudios previos a la obra, ni la construcción e interventoría de las obras de mitigación de riesgo.
El órgano de control ordenó presentar la información sobre la declaratoria de siniestro con ocasión de las presuntas deficiencias en la ejecución de los contratos para la construcción del Cdi, y además comprobar si se han hecho las reclamaciones a las aseguradoras conforme a las pólizas de cada uno de los contratos.
Los representantes de la Contraloría hicieron una supervisión técnica a la obra, en la participó la comunidad, y en el documento de apertura del proceso indican: “se evidenciaron asentamientos diferenciales en toda el área del proyecto, situación que hace poco probable su entrega al servicio de la comunidad, debido a las condiciones en las que se encuentra actualmente la obra”.
Estudios
La Contraloría especifica que cuando se hicieron los estudios de suelo se menciona que se hicieron sondeos; sin embargo, no está claro el sistema de exploración que utilizaron para conocer la caracterización del perfil del subsuelo afectado por el proyecto.
Explican que en los estudios de suelo debieron realizarse como mínimo tres sondeos para estudiar ampliamente la estructura del suelo.
La entidad de control especifica que en estos estudios no se cuenta con los planos de localización del proyecto, ni de ubicación de los trabajos de campo; tampoco se evidencian registros de perforación, ni esquemas, dibujos o fotografías que ilustren el estudio y las recomendaciones dadas en el mismo.
Esto es de carácter obligatorio, según lo establece la Clasificación de las unidades de construcción por categorías, contenida en el reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente.
