La Secretaría de Planeación de Cúcuta adjudicó este jueves el polémico contrato de interventoría para el relleno sanitario Guayabal, cuya financiación será asumida por los usuarios por vía tarifa en la factura de aseo, según fue establecido en los pliego presentados durante la licitación.
Este convenio a 6 años estipula un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al culminar su vigencia, la ciudadanía terminará pagando 10.080 millones de pesos.
El pasado 20 de diciembre, el alcalde César Rojas remitió un oficio de dos páginas al despacho de su secretario de Planeación, Jorge Omar Gandolfo, increpándolo sobre su falta de competencia para dirigir licitaciones de este tipo.
“Ese despacho no entiende en qué norma o acto administrativo procede usted a adelantar este proceso de selección, siendo que por disposición legal la competencia para dirigir licitaciones o concurso, y para celebrar contratos estatales en el ente territorial, es el alcalde”, indicó Rojas.
A pesar de la negativa del mandatario local y las irregularidades que rodean este acto administrativo, Gandolfo se mantuvo firme con la adjudicación de esta millonaria interventoría a seis días de culminar el año.
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Además, la Procuraduría Provincial en la advertencia a Gandolfo, sobre las presuntas irregularidades, le hace ver que “la ley es clara al establecer que en la factura de los servicios públicos solo se deben incluir elementos relacionados con la prestación del mismo, existiendo una prohibición legal de efectuar cobros distintos a las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos domiciliarios”.
