La batalla que emprendió la corporación ciudadana Cúcuta se Defiende y que apunta a conseguir la derogatoria de los acuerdos 030 y 040 que facultaron al alcalde, César Rojas, para licitar el alumbrado público por 30 años y los servicios de Tránsito, incluida la semaforización de la ciudad, por 20 años, también pretende abrir los ojos de los cucuteños sobre las consecuencias nefastas que, según los promotores, traerá paran la ciudad estos negocios multimillonarios.

Los montos que entregará a manos privadas el Municipio superan todos los límites.

En solo alumbrado público, el año pasado se recaudaron 34 mil millones de pesos, mientras que por operaciones de Tránsito al municipio ingresaron 32 mil millones de pesos.

Para el alcalde Rojas, ambos negocios eran necesarios, debido a que la Alcaldía no cuenta con los presupuestos que demandan la operación, ciento por ciento de ambos servicios.

Por ejemplo, en solo alumbrado público, la inversión que deberá realizar el concesionario en el primer año, es decir, en 2017, asciende a 91 mil millones de pesos, una cifra que no está al alcance de la alcaldía, dijo Rojas.