Cuestionamientos por el manejo de vertimientos, contaminación ambiental, gestión de recursos con miras a imponer autoridad y falta de protección de los ecosistemas son algunos de los temas que se esperaba expusiera este lunes la Contraloría de Cúcuta en control político con el Concejo.

Sin embargo, el encuentro fue aplazado por tercera vez para el viernes 1 de diciembre, a las 9 a.m., debido a una afección en las cuerdas vocales de la contralora, Blanca Cruz, según informó el presidente del concejo, Nelson Ovalles.

Aún así, el apartado de análisis ambiental, que analiza los resultados de la Alcaldía en la vigencia 2016, indica que persisten retrasos en aspectos como el manejo de vertimientos y el freno a la explotación de los recursos.

Y el contrato 030...

Otro de los temas sobre los que se urge una amplia explicación es la auditoría al contrato 030 de 2006 celebrado entre Aguas Kpital y la EIS Cúcuta, con 17 hallazgos.

“Queremos que nos expliquen los incumplimientos encontrados”, pidió el concejal Oliverio Castellanos. “El resultado que arroja la auditoría es complicado, y si el alcalde tomara la decisión daría por terminado el contrato, porque están incumpliendo sobre todo en ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, reposición de redes, continuidad del servicio, entre otros”.

Agregó que también falta quién esté al frente de los recursos del Sistema General de Participaciones en tema de subsidios, así como la culminación de colectores “porque dicen que eso le corresponde al municipio, pero es Aguas Kpital la que debe comprar los predios y continuar con estas estructuras”; sin embargo, esto solo se explicará a la ciudadanía al término de esta semana.

Agua y vertimientos

Los vertimientos directos de los municipios del área metropolitana, así como los de San Antonio y Ureña (Táchira) a los ríos Zulia, Táchira y Pamplonita carecen de solución. Según la Contraloría después de 15 años, varias administraciones municipales y la entrega a un particular de los servicios públicos para su operación, las consecuencias persisten.

“Es claro el incumplimiento por parte del municipio de Cúcuta, de los objetivos de calidad establecidos sobre el río Pamplonita, así como el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos vigente”, dice el informe.

La urbanización legal e ilegal ejerce presión sobre el área de influencia de las rondas de los ríos, la falta de una adecuada planificación territorial, la extracción de material de arrastre “de forma irracional y antitécnica”, y la intervención antrópica en las cuencas deriva en degradación ambiental, contaminación desde el nacimiento de los ríos hasta la desembocadura en la gran cuenca del río Catatumbo, que si bien son atendidas con los planes de ordenación de las cuencas, requieren más inversión tanto de la alcaldía de Cúcuta como de Corponor.

Calidad de aire

Según la Contraloría, “se generan impactos ambientales negativos debido a la explotación de arcilla, la cual se desarrolla sin planeación técnica, generando afectaciones en la estabilidad de obras civiles, alteración geomorfológica, erosión acelerada del suelo, aportes de sedimentos a vías y alcantarillas, utilización de hornos rudimentarios de llama abierta, consumo de combustibles de baja calidad (carbones con alto contenido de sulfuros) y en algunos casos, llantas”.

Agrega que la contaminación atmosférica en el municipio, “generada por fuentes móviles y fijas que aportan partículas suspendidas y gases, no está siendo supervisada en todos los contaminantes del aire, toda vez que solo se controla la cantidad de material particulado, sin seguimiento oportuno a las emisiones de cada fuente fija”.

En este sentido, se advierte “una debilidad en la política sancionatoria para aquellas empresas contaminantes”.

Gestión ambiental

Aunque en la vigencia 2016 el ente de control observó que la gestión se encaminó a proteger impactos ambientales, no todos los proyectos se cumplieron pues, por ejemplo, la inversión solo se ejecutó en 63.17 por ciento.

También, en el programa Gestión del riesgo para progresar, la inversión fue del 43.92 por ciento “lo que indica un incumplimiento de metas, o lo que es lo mismo, ineficacia”.

Sin embargo, el ente de control destaca los planes escolares y comités barriales de gestión del riesgo, que promueven la participación ciudadana, así como la recuperación de predios explotados por particulares, en los que se invirtieron 1.600 millones de pesos para recuperar 495 hectáreas y se construir 112 kilómetros de aislamiento para reforestar 29 predios estratégicos.

“Sin embargo, preocupa la no ejecución de actividades para implementar programas de ahorro y uso eficiente de la energía”, el agua, el manejo de botaderos a cielo abierto, y se señala que la gestión sancionatoria con el comparendo ambiental “ha sido ineficaz e ineficiente”.