La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa amplió una investigación contra funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental (Corponor), por el caso de Terpel. 

La ampliación se basa en la denuncia hecha en julio de 2017, en la que se indica que el levantamiento de medidas cautelares impuestas a Terpel se hizo sin el lleno de los requisitos. Así lo explicó Mauricio Córdoba Arce, autor de la querella que dio origen al cierre de la citada planta, quien señaló que se solicitó la información detallada de todos los funcionarios de la corporación que han actuado o están involucrados en los trámites que Corponor ha adelantado contra Terpel.

Así mismo, la Procuraduría solicitó de manera urgente la certificación de los datos del director, Gregorio Angarita Lank, su hoja de vida, sus antecedentes laborales disciplinarios, y su acto de nombramiento y designación.

Sobre esto, Angarita dijo que Corponor responde ante todos los órganos de control. Indicó que se ha suministrado información no solamente ante la Procuraduría, sino ante la Defensoría y otros órganos, porque es un proceso público. “Yo respondo ante los órganos de control de la Nación, a los cuales les hemos suministrado lo solicitado, como información del personal, antecedentes y hechos ocurridos en años anteriores. Incluso, del personal del período anterior”.

La Contraloría requirió una copia de la resolución 0010 de 2015, expedida por Corponor, en la cual otorgó a Terpel un permiso de vertimientos residuales al alcantarillado. También se solicitó la certificación de ese permiso, y si existía tal permisología, la empresa debe presentar los tipos de control durante los años previos al 2015. 

Corponor debe presentar la certificación de la capacidad de vertimiento que le fue otorgada a Terpel e indicar si  esta cumplió con lo estipulado en la resolución 0010 de 2015. De no haber cumplido, deberá entregar todos los documentos sancionatorios que haya adelantado contra esta empresa, ubicada en Villa del Rosario.

“Se entregaron pruebas sobre la actuación realizada por parte de la corporación durante los años anteriores, y de la información que se omitió al momento de tomar la decisión de levantar la medida”, explicó.

Córdoba indicó que se presentaron pruebas como que Terpel era reincidente en incumplir ambientalmente las normas, pues comenzó la construcción y operación sin tener permiso de vertimientos en el 2008.

“Por este motivo, la corporación sancionó a Terpel en 2010 y le decretó una medida cautelar en diciembre de 2009; sin embargo, Terpel hizo caso omiso y continuó su operación sin siquiera solicitar el permiso de vertimiento, y así operó hasta enero de 2015, cuando obtuvo el permiso de vertimiento para una planta de 486.000 galones de combustibles. Y nuevamente incumplió una orden administrativa de cesar la operación”.

Dijo Córdoba que solo cuando el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villa del Rosario tuvo una modificación excepcional en 2012, a los tres lotes donde está la planta, Terpel solicitó iniciar el trámite en junio de 2013, permiso concedido en enero de 2015.

Decisión en diciembre  

El pasado 29 de diciembre se emitió la resolución 950, por parte de Corponor, en la que se efectúa una adicción al permiso de vertimientos otorgado en la resolución 0010 de 2015, y la aprobación de un plan de contingencia. “Este era el trámite que tenía que hacerse desde un principio. Igual el proceso sancionatorio contra Terpel sigue en Corponor, y están en la etapa de pliego de cargos y cuantificación de la multa”, precisó Mauricio Córdoba Arce, autor de la querella que dio origen al cierre de la planta.

El director de Corponor, Gregorio Angarita, explicó que con esta autorización se garantiza un plan de contingencia que cubra la totalidad del almacenamiento que ya superaría los 485.000 galones inicialmente aprobados de combustible para almacenar en la planta. “Serían 992.000 galones aproximadamente de combustible acpm, y 876.000 de gasolina”.