Los chalecos que están portando los visitadores del Catastro Multipropósito de Cúcuta se habrían comprado sin el lleno de los requisitos por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio, es decir, sin que existiera certificado de disponibilidad presupuestal.
El hecho fue denunciado a La Opinión por veedores ciudadanos que manifestaron además que lo mismo estaría sucediendo con la publicidad que desde meses atrás se instaló para este programa oficial del alcalde Jairo Yáñez.
Fueron en total 15 los chalecos los que se adquirieron para la Subsecretaría de Catastro Multipropósito. Los veedores denunciaron que las prendas las han utilizado los trabajadores desde marzo.
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Al ser indagado sobre esta denuncia, el secretario de Hacienda, Nelson Orlando Miranda aseguró que la administración pública no puede comprar sin autorización, pues es un delito muy grave y es algo que nunca se ha ejecutado bajo su función. “Nadie te vende a ti si no tienes la disponibilidad porque con eso es que firmas contrato”, dijo.
Además, sin revelar los nombres de las empresas, pese a que se le insistió darlos, el funcionario aseguró que los chalecos fueron donados por empresas que brindan diferentes servicios.“No puedes llegar a hacer el trabajo de levantamiento catastral si no estás identificado, los muchachos tienen carnés, pero no sobra tener esos recursos, incluso se los rotan por equipos porque son pocos”, agregó.
De fecha reciente, hay un contrato vigente, firmado por el secretario el 12 de octubre de este año, en el que se incluye la compra de unos nuevos chalecos institucionales, gorras, camisetas tipo polo corporativas, pendones con araña, entre otros.
Dicha acción, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal radicado el 3 de octubre, pero los veedores ciudadano consideran que se “están legalizando esos insumos con este contrato, es el famoso hecho cumplido”.
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La Opinión se comunicó con el Almacén del Municipio para confirmar si a esta dependencia ingresaron los elementos comprados, entre esos los chalecos, pero no se obtuvo respuesta, pese a ser información pública y no de reserva.
Por otro lado, Miranda aseveró que hace dos meses unas campañas políticas iban de casa en casa con la excusa de legalizar predios, pero con la condición de votar por cierto candidato y según él, pedían dinero para agilizar el trámite. “Los funcionarios no hacen visitas sorpresas, sino que se manda una notificación previa para que los dueños estén al tanto y en algunos casos se requiere una documentación”, añadió.
¿Qué es la disponibilidad presupuestal?
En términos prácticos, se refiere a la autorización previa y expresa que otorga la entidad competente para comprometer y/o girar recursos en un determinado proyecto, contrato, o proceso de gasto público.
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La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá contempla en la Directiva 019 de 2018 que los hechos cumplidos se consolidan cuando se adquieren obligaciones, sin que medie soporte legal que los respalde o cuando antes de su ejecución no se han cumplido los requisitos mínimos legales.
En caso de que algún servidor público tramite convenios sin requerimientos o liquide sin verificar el acatamiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses según la Ley 599, Art. 410, 2000.
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