El hospital Universitario Erasmo Meoz, afronta por estos días un difícil capítulo de su historia.  Pero no por los miles de pacientes venezolanos que llegan a Cúcuta y debe atender, ni por las millonarias deudas que tienen las EPS con el centro médico, sino por una denuncia que viene haciendo Carlos Martín Rojas Carvajal, asesor de control interno de esa entidad contra su gerente Juan Agustín Ramírez Montoya, y que tendría como fin apartarlo del cargo para hacerse con la millonaria contratación del hospital.

La historia comenzó en enero de 2018, cuando Rojas fue elegido por un concurso de méritos que realizó la Gobernación para ser la cabeza de la oficina de control interno del hospital, a pesar de haber aportado datos imprecisos en la hoja de vida que presentó en este proceso (ver ‘Los pecados de Rojas’).

Según Rojas, en agosto del año pasado empezó a recibir denuncias de funcionarios del hospital sobre un contrato de prestación de servicios firmado por el gerente con su primo hermano Jorge Emilio Parra Montoya, socio y representante legal de la asociación Socimanor S.A, que agremia a varios cirujanos plásticos especializados en cirugía de mano. 

Por esas denuncias, Rojas inició una auditoría de control interno que según ha dicho, le han generado amenazas en su contra.

 Según los documentos presentados por Rojas, el 20 de septiembre de 2018 envió una comunicación al gerente Ramírez en la que le informa que “se desarrolla una auditoría a los procesos de contratación adelantados a partir del 23 de agosto de 2018, donde se encontraron unos hallazgos con instancia disciplinaria los cuales se procederá a trasladar a la Procuraduría Regional de Norte de Santander”. 

Sin embargo, Rojas no siguió los procedimientos que indica la ley en materia de control interno y notificó al gerente del hospital del hallazgo, sin haber seguido el debido proceso ni haberle pedido descargos. 

El 5 de octubre de 2018, Rojas envío un oficio al procurador regional Edgar Fandiño Prieto, en el que puso en conocimiento los hallazgos de tipo disciplinario encontrados en la auditoría, relacionados no solo con la presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por contratar con un familiar, sino con la falta de experiencia de la empresa contratista, por haber sido creada en diciembre de 2017 –pocos días antes de contratar– y por la falta de capacidad financiera de la misma, pues al momento de la firma del convenio su capital era de 10 millones de pesos y el contrato se firmó por 998 millones de pesos.  

“Tuve que informar a la procuraduría porque el sindicato del hospital me envió una carta. Yo reconozco que el doctor Ramírez es un excelente administrador y ha sido impecable en el manejo financiero, pero no sé qué le pasó. El poder, la soberbia y el ego le pueden a la razón”, dijo Rojas. 

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Juan Agustín Ramírez Montoya (izquierda) / Carlos Martín Rojas Carvajal

Millonaria contratación, el trasfondo

Al revisar en detalle el caso de Jorge Emilio Parra Montoya, primo del gerente, este diario pudo comprobar a través de una certificación expedida por el hospital, que el galeno cuenta con 23 años de experiencia como médico cirujano y completa ya más de 11 años contratando con el Huem para prestar servicios de cirugía. 

Esto significa que cuando el actual gerente Juan Agustín Ramírez llegó a ocupar el cargo, en el 2012, Parra Montoya llevaba años contratando con el Huem. Adicionalmente, La Opinión conoció que cuando Ramírez llegó a la gerencia, pidió concepto jurídico a los abogados del hospital, quienes tras analizar el caso encontraron que no existía ninguna inhabilidad para hacerlo. 

Al indagar sobre porqué este tema sale a relucir en este momento, teniendo en cuenta los años que Parra Montoya lleva contratando con el hospital y que nunca antes se había generado ninguna problema jurídico, dos fuentes que conocen de cerca lo que se maneja en el Meoz aseguraron que la razón puede estar relacionada con que en el próximo mes se define la adjudicación de un contrato de cerca de 33 mil millones de pesos al año para prestar servicios de Cuidados Intensivos, los de mayor demanda en un centro de alta complejidad como el Huem. 

Una de estas fuentes, que  pidió la reserva de su nombre, aseguró que “detrás de esto hay un sector político interesado en quedarse con la contratación del hospital en un año electoral. Para poder aceitar las maquinarias, los políticos obtienen los recursos de los proveedores de bienes y servicios de las entidades públicas y el contratista al que se le adjudique este contrato podría asegurar muchos recursos para financiar campañas”, dijo. 

Los pecados de Rojas

Carlos Martín Rojas Carvajal, odontólogo de profesión, fue nombrado asesor de control interno del Huem por la Gobernación en enero de 2018. Fue elegido a través de una convocatoria pública. Los requisitos exigidos para el cargo eran mínimo 3 años de experiencia en asuntos de control interno, ser profesional y tener especialización. Además  en el articulado de la misma se especifica que presentar un documento falso, adulterado o que no corresponda a la realidad es causal de inadmisión y exclusión de la convocatoria.

Al evaluar el formato único de hoja de vida presentado por el funcionario al momento de la convocatoria, un dato llama la atención: en el apartado de nivel educativo, aparece que cuenta con una maestría en la Universidad de Loma Linda, California (Estados Unidos). Sin embargo, el diploma que adjuntó certifica que lo que hizo allí fue un curso avanzado de implantología dental que duró 5 días (marzo 23 al 28 de 2013). 

Al consultársele sobre este particular, Rojas dijo que había marcado la casilla de maestría por un error involuntario. También dijo que se equivocó al poner su fecha de nacimiento, que aparece en el formato único con la fecha 1697. 

Sin embargo, La Opinión tuvo acceso a un acta del comité de control interno del Huem del 12 de octubre de 2018, en donde Rojas reconoce que tiene un curso de maestría y asegura haber pedido certificación a la universidad. “Quiero decirle de todas maneras sé para donde vamos, que mi hoja de vida, mi curso de master en los Estados Unidos he pedido la certificación a la Universidad de Los Ángeles y el resto de información que me pidió, en cualquier momento se la haré llegar  por cuenta de mis abogados, porque para desdicha o para dicha mía no tengo nada que ocultar” (sic).

La experiencia que acreditó como asesor de control interno también ha sido objeto de polémica, pues al momento de la convocatoria presentó una certificación de la Cooperativa Multiactiva B&O consultores, en que la que trabajó 5 años (7 de enero de 2012 a 30 de diciembre de 2017) como jefe de control interno y coordinador de auditorías de cuentas médicas, según avaló el gerente de esa entidad, Daniel Bermont Marcucci. 

Este diario encontró que esta Cooperativa tiene, desde 2009, millonarios contratos con la Gobernación para manejo de cuentas médicas en distintos hospitales de Norte de Santander y que uno de esos contratos de 2014 fue objeto de revisión por la Contraloría Departamental, que encontró serios hallazgos por inconsistencias en el desarrollo del mismo.   

Desde que Rojas llegó al cargo de asesor de control interno del Huem, la oficina de personal del hospital ha estado tratando de comprobar esta experiencia por un derecho de petición de recibió el 3 de mayo de 2018, solicitando esta información, pero nunca fue posible: la dirección de la cooperativa es un salón desocupado en el barrio Ciudad Jardín, el gerente nunca ha contestado las llamadas y el mismo Rojas no ha accedido a facilitar los documentos que permitirían confirmar que sí trabajó en dicha empresa. 

Ante la imposibilidad de verificar la información sobre su experiencia laboral, el líder de gestión humana del Huem le remitió a Rojas un derecho de petición solicitándole copia del contrato de trabajo, copia de los aportes al sistema de seguridad social, entre otros documentos, que nunca allegó; acudieron entonces a una tutela, que el pasado 29 de noviembre el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías falló a favor del hospital y le dio un plazo de 5 días a Rojas para presentar los documentos que certificaran su experiencia laboral, pero nunca lo hizo. 

“No lo he hecho por recomendación de mi abogado, y porque ellos no pueden pedirme papeles que yo no tengo. Hoy esa cooperativa está en liquidación y además yo impugné ese fallo”, le dijo Rojas a La Opinión. 

Por ahora, la última palabra en este caso la tiene la Procuraduría, quien tendrá que determinar si los hallazgos en cuestión tienen o no sustento y definirá la suerte del hospital en un año clave para su futuro.

Una gestión destacada 

La superintendencia y el ministerio de Salud han reconocido públicamente el buen manejo que han tenido las finanzas del hospital, pues en el 2012 Ramírez recibió la entidad con 38 mil millones de deudas. En 6 años Ramírez no solo ha logrado sanear las finanzas sino que ha incrementado los servicios y mantenerlos, incluso con el incremento en la demanda de los mismos por parte de venezolanos, por cuya atención el Estado le debe al Huem cerca de 20 mil millones de pesos. Entre sus logros se encuentra conseguir recursos de regalías para otorgar a la ciudad la mejor tecnología en radioterapia para atención a pacientes con cáncer, servicio que fue habilitado por el ministerio de salud, y desde el 2015 logro sacar al hospital de la clasificación de entidades en riesgo que hace el Minsalud.