En Cúcuta cerca de 60.000 familias podrían legalizar sus predios levantados en asentamientos humanos ilegales y en aquellos barrios donde transcurridos 20, 40 y hasta 60 años aún no cuentan con una escritura que les garantice su propiedad.   

Esto se podrá lograr con la implementación de la Ley 2044 del 30 de julio de 2020, que tiene por objeto sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión, sea mayor de 10 años y cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.

Igualmente, la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho.

Aníbal Mojica, líder comunal de Atalaya, dijo que inició la socialización de la Ley 2044, organizando un equipo de impulso  en el que participan ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, profesionales en derecho, la concejala de Cúcuta Carime Rodríguez, la ONG Territorium, con unos primeros acercamientos virtuales que están motivando a muchos a participar. 

En un conversatorio virtual, se acordó  invitar  al Departamento de Planeación Municipal, para que la administración informe cómo proyecta la implementación de la norma, así como a funcionarios del Ministerio de Vivienda, para  que  socialicen  la Ley e informen del alcance y  reglamentación  que se está construyendo, según Mojica. 

Santiago Medina, integrante de la ONG Territorium, precisó que la Ley 2044 tiene un mandato y es que el Gobierno Nacional saque su reglamentación en el término de seis meses y haga un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) en otros seis meses, que son los instrumentos que van a dar la línea sobre la  materialización de la norma. 

En ese sentido, la dirigencia comunal y líderes sociales están buscando que la gente de los barrios de Cúcuta conozca la Ley y se organice, a fin de poder hacer incidencia y que la administración local avance en este tema para que cuando esté aprobado el Conpes, el municipio pueda ser piloto en la legalización de los predios en Colombia.

La misma Ley define qué es un asentamiento ilegal consolidado y qué es un asentamiento ilegal precario, y  allí caben todos los asentamientos de Cúcuta, tanto los que no se han consolidado después de 20 o 40 años como Chapinero, Comuneros, Motilones, al igual que los más nuevos, siempre y cuando tengan Más de 10 años en posesión de quien construyó la vivienda o la mejora y que el barrio no sea zona de alto riesgo.

Igualmente le ordena al municipio caracterizar esos bienes, es decir que debe hacer un censo de los predios donde están esos asentamientos urbanos y decir qué condiciones de habitabilidad y técnicas tienen, el estudio jurídico de las tierras, de las escrituras y a quiénes pertenecen. 

La norma no solo le dice al municipio que debe titular y legalizar la propiedad de la tierra o el predio, sino que debe legalizar los barrios, es decir poner en orden el ejercicio de planear la ciudad, en la cual un 60 por ciento de los barrios nuevos no están legalizados. 

Advierte que esos barrios que están en proceso de legalización y de  adjudicación de la titularidad de la tierra, deben entrar en un proceso de mejora, es decir que el municipio debe contar con unos recursos para que allí se comiencen a adecuar sus calles, los servicios públicos, el amoblamiento urbano y toda la oferta del Estado.

“Hoy, los asentamientos están alrededor de toda la ciudad, con invasiones incluso en la Zona Industrial como al lado de Prados Norte, en la Comuna 9 con asentamientos en Cerro Pastel, Las Delicias, Manuela Beltrán, en la Comuna 8 a lado y lado del Anillo Vial Occidental, la Comuna 7 y  6 con el crecimiento hacia Simón Bolívar, es decir que un porcentaje importante de la ciudad corresponde a zonas de asentamientos”, puntualizó Medina. 

La concejal Carime Rodríguez, dijo que con la Ley 2044 se generan las condiciones para beneficiar a miles de familias, asegurando la posibilidad de convertirse en propietarios legítimos de los lugares que habitan. 

“Ley 2044 de 2020 dicta normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. Esta ley permitirá sanear de manera definitiva la propiedad a lo largo y ancho de nuestro país, de esta manera se generan las condiciones para beneficiar a más de tres millones de familias en Colombia que viven en la actualidad en esta situación, asegurando la posibilidad de que se haga realidad sus sueños de toda una vida y de convertirse en propietarios legítimos de los lugares que habitan”, según la dirigente.   

Jeferson González, edil y presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 7 dijo que la Ley 2044 faculta a las alcaldías para legalizar aquellas grandes extensiones de tierra que figuran a nombre de terratenientes y hoy están en posesión de familias pobres que carecían de techo. 

Agregó que como líderes comunales están empeñados en conformar un comité de impulso a esta ley, trabajando para lograr el compromiso y la voluntad política de la administración  municipal para que se pueda hacer realidad la legalización de todos los asentamientos humanos ilegales y a fin de hacer un trabajo estructurado de acuerdo a la normatividad, para que posteriormente cada beneficiario obtenga el título  propiedad del terreno.