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Sábado, 19 Octubre 2019 - 8:21am

Imputarán cargos al alcalde de Cúcuta por irregularidades en plan de empleo

El martes de la semana entrante, la Fiscalía 13 especializada de Administración Pública adelantará esta acción.
Archivo
Alcalde de Cúcuta Cesar Omar Rojas Ayala.
/ Foto: Archivo
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La Fiscalía 13 especializada de Administración Pública imputará cargos, el próximo martes, al alcalde de Cúcuta Cesar Omar Rojas Ayala y a Isabel Márquez, secretaria de Equidad y Género, entre otros funcionarios, por las presuntas irregularidades en el programa que ofreció trabajo por seis meses a humildes cucuteños, administrado por la Corporación América Bari (Cambari), en 2016.

La Opinión conoció en exclusiva que la audiencia, fijada en el Centro de Servicio Judiciales del Palacio de Justicia, está prevista ante el Juzgado Primero Penal Ambulante, con función de control de garantías, por celebración indebida de contratos y otros delitos de acuerdo a la responsabilidad de cada uno en los desvíos asignados al programa por $16.000.000 millones.

Carlos Alberto Salcedo Salazar, representante legal de la empresa contratista, explicó, en su momento, que  el programa contemplaba la contratación de 100 coordinadores y 3 mil 700 personas para cargos de agentes de servicios varios.

Los seleccionados trabajarían cuatro horas diarias por tres días a la semana, con un sueldo de $287 mil 420, aparte de las prestaciones de ley. Mientras que los 100 coordinadores tendrían trabajo de tiempo completo con un salario mínimo mensual y prestaciones.

“El programa de generación de empleo es respaldado con recursos de la Alcaldía, la Gobernación y la Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental (Corponor), y se puso en marcha en un intento por aliviar la crítica situación económica que viven los más pobres en esta zona de frontera” dijo entonces Salcedo.

Por ello, entre los seleccionados se priorizaron a vendedores ambulantes y madres cabeza de hogar.

Según el Código Penal incurre en el delito de  celebración indebida de contratos el servidor público que, por razón del ejercicio de sus funciones, y con el fin de obtener beneficio ilícito para él, para el contratista, o para un tercero, tramite, celebre o liquide contratos sin los requisitos legales.

Tras la imputación de cargos, proseguirán las medidas de aseguramiento que determine el juez y la Fiscalía contará con un plazo de tres meses para presentar el escrito de acusación, en contra de los vinculados en este caso.

Denuncia de senador

En febrero de 2017, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, denunció las licitaciones en el país que se concedían con pocos  oferentes y entre estas apareció la Corporación América Barí.

“Hay que pedirles a los organismos de control que miren por qué hay capitales departamentales donde se presentan más de diez contratistas a una licitación y otros donde se presenta uno solo”, dijo.

Objeto de la corporación 

El portal La Silla Vacía aseguró que Salcedo Salazar le hizo campaña a la senadora Doris Vega, dueña del Partido Opción Ciudadana, el mismo que avaló al alcalde César Rojas.

El contrato adjudicado tenía por objeto: “Contratar los servicios de un operador que garantice el programa de emprendimiento y generación de empleo con equidad de género en Cúcuta”.

La Opinión

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